El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a petición del Ayuntamiento de A Coruña, ha abierto una vía de mediación intrajudicial para intentar llegar a un acuerdo entre las partes afectadas, denunciante, Concello y propietarios, que consensúe cómo ejecutar la sentencia final del Tribunal Supremo que ordena devolver el edificio Fenosa al estado anterior a la obra ilegal autorizada por un Gobierno de Francisco Vázquez en 1997.
El alto tribunal gallego los ha citado para mañana, lunes, para cerrar un pleito judicial que se prolonga desde hace dos décadas y cuyas probables consecuencias en indemnizaciones millonarias se presumen devastadoras para las arcas municipales coruñesas.
El derribo total sería una hecatombe para la economía municipal, ya que las indemnizaciones podrían alcanzar los 40 millones de euros. Una factura monumental de 6.670 millones de las antiguas pesetas, el triple del coste de la operación de venta del edificio, que se repercutirían a los bolsillos de los coruñeses.
El fallo definitivo del Supremo, que ya no es recurrible, aboca a un obligado cumplimiento de los términos de la sentencia dictada en 2001, en el que estimaba la denuncia contra la licencia municipal concedida en 1997 para reconvertir la sede de Fenosa en un edificio de viviendas y locales comerciales, tras ser vendida a Fadesa por 2.250 millones de pesetas. El permiso para la obra de reconversión del inmueble otorgado por el Gobierno de Vázquez infringía la normativa urbanística municipal vigente.
El próximo desenlace del caso del edificio Fenosa difícilmente resultará inocuo para las arcas de la ciudad, aunque se logre evitar el perjuicio mayor. En el mejor de los casos, la factura no saldrá barata. Tras décadas de inacción, la solución que propuso el actual Gobierno local, que suponía el derribo parcial del inmueble, tenía un coste de 1,5 millones más las indemnizaciones. Pero fue rechazada por los tribunales que, entre otros razonamientos, la estimaron tardía.
La iniciativa del Gobierno local de Marea, que contó con el apoyo unánime de la Corporación, consistía en la demolición de todos los torreones del edificio, además de aleros y cornisas, así como la conversión en galerías de ventanales que cuentan con vuelos sobre la fachada.
Ahora solo queda esperar al planteamiento que realice el Tribunal Superior en la reunión de mañana, solicitada por el Concello coruñés. El anuncio de la mediación ha despertado cautas esperanzas de esquivar la solución más gravosa para la ciudad, la demolición del inmueble.
La mediación intrajudicial propuesta por el Concello y convocada por el Tribunal Superior de Xustiza para cerrar un pleito que se arrastra desde hace más de veinte años y que cuenta con una sentencia definitiva del Tribunal Supremo es el último cartucho para resolver mediante acuerdo, y de la forma menos dañina para los afectados, el modo en que habrá de ejecutarse la sentencia, que ordena restituir el inmueble a su estado previo a la reforma ilegal realizada en 1997.
El alcalde, Xulio Ferreiro, admite que no se puede vaticinar un resultado de esta reunión, pero destaca que esta nueva vía intrajudicial pretende dotar de seguridad jurídica a la forma en la que se ejecute la sentencia del TSXG para poder contemplar todos los intereses. La mediación busca que las partes alcancen voluntariamente un acuerdo que luego será revisado por un juez para darle validez legal.
La génesis del escándalo del edificio Fenosa es un paradigma de la política del ladrillo vigente durante la era Vázquez. Al igual que ocurrió en el polígono de Someso, con consecuencias catastróficas para los bolsillos del contribuyente coruñés, el idéntico modus operandi es que se aprueban iniciativas municipales irregulares que favorecen intereses particulares. Años después, la factura de la desfeita recae sobre los sufridos ciudadanos.
Una abrumadora losa económica que, sumando las repercusiones de los casos de Someso y el edificio Fenosa, podría llegar a lastrar al Ayuntamiento coruñés con la abismal cifra de 90 millones de euros.
El anterior Gobierno local, presidido por Carlos Negreira, denunció a su llegada a María Pita la pesada hipoteca de las cuentas municipales por la nefasta herencia de escándalos urbanísticos que heredaba del pasado de Vázquez, a quien recibió sin embargo efusivamente en María Pita tras ser elegido alcalde en 2011. Pero su mandato acabó siendo paradójicamente un parapeto para los responsables del desaguisado, al finalizar la legislatura municipal sin que se hubiesen reclamado responsabilidades por estos escándalos de millonarias consecuencias para las arcas coruñesas.
El alcalde, Xulio Ferreiro, adelantó en su momento que, una vez despejado el alcance de la sentencia sobre el inmueble, se pedirán responsabilidades por sus repercusiones en el erario público. El culebrón del edificio Fenosa es un escándalo colosal por el que nadie ha pedido la más mínima disculpa a los coruñeses, que serán quienes tendrán que pagar la factura de su bolsillo en los próximos años.
Resulta chocante el sepulcral silencio que mantienen sobre este tema los partidos que han gobernado la ciudad en los últimos años. Es de esperar que esta vez no miren a otro lado ante las inminentes consecuencias de un escándalo que puede llevar a la ciudad a la bancarrota.
