10 de febrero de 2019
10.02.2019
Editorial

El acuerdo que evitó la bancarrota municipal

10.02.2019 | 00:59
El acuerdo que evitó la bancarrota municipal

La mediación intrajudicial entre las partes afectadas por la sentencia de derribo del Edificio Fenosa, impulsada hace unos meses por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a propuesta del Ayuntamiento de A Coruña, ha logrado conjurar una de las mayores amenazas que se cernían sobre las arcas púbicas de la ciudad de A Coruña desde hace más de dos décadas.

El acuerdo alcanzado estos días pasados por la comunidad de propietarios del inmueble, el Concello y el arquitecto demandante, bajo la supervisión de Pascual Sala, ex presidente del Supremo y el Constitucional, y homologado finalmente por el TSXG, zanja definitivamente este interminable pleito y esquiva la orden de derribo dictada por el Supremo, cuya ejecución abocaría al Ayuntamiento coruñés a la bancarrota.

Las consecuencias de la demolición del edificio Fenosa hubiesen resultado apocalípticas para la economía municipal de la ciudad, que se vería obligada a afrontar obras e indemnizaciones con un coste estimado de 62 millones de euros.

Para hacerse una idea del alcance de las consecuencias del derribo que hace tan solo unos meses parecía inevitable, basta con señalar que las inversiones previstas por el Gobierno local para este año en su proyecto de presupuestos suman 25 millones de euros, cifra que ni siquiera cubre la mitad de las compensaciones que habría que abonar por la demolición del inmueble.

La asunción de un gasto tan colosal comprometería las cuentas municipales coruñesas durante varios años y lastraría como una losa la gestión de los próximos gobiernos locales. La única fórmula de afrontarlo sería recurrir a la solicitud de un crédito bancario extraordinario que impediría la contratación del destinado a las inversiones.

El propio Tribunal Superior destaca en su auto de aceptación que el acuerdo alcanzado evitará el coste público que supondría el derribo del inmueble y su reconstrucción.

Esos riesgos fueron sin embargo despreciados por los responsables municipales que concedieron en 1997 una licencia ilegal de construcción a la inmobiliaria Fadesa, señaladamente el entonces alcalde Francisco Vázquez y el concejal de Urbanismo Salvador Moreda, a pesar de que el arquitecto Valentín Souto ya había advertido entonces de que no se ajustaba a la normativa del plan general entonces vigente.

El contenido del acuerdo que evita el derribo, sujeto a la confidencialidad a la que la ley obliga a las partes, se concreta, según informaron el Tribunal y el Concello, en cinco puntos: el reconocimiento por la Corporación local de los daños morales causados al matrimonio demandante y a la comunidad de propietarios por la anulación de la licencia ilegal concedida en 1997; la confección, por el Ayuntamiento, de un catálogo de buenas prácticas urbanísticas para que situaciones como la del caso Fenosa no se repitan; la construcción de 50 viviendas municipales de protección oficial en el parque ofimático a propuesta de los recurrentes; una indemnización para los demandantes por los daños morales y los costes asumidos en el procedimiento judicial, y el compromiso del Ayuntamiento de legalizar la construcción ilegal como inmueble singular.

El Gobierno local ha comunicado a los grupos municipales en la comisión de Hacienda de esta semana que necesitará incorporar 2,9 millones de euros en el presupuesto para hacer frente a la compensación a los demandantes, una cifra veinte veces inferior a los 62 millones que debería aportar el Concello en caso de demolición y reconstrucción del edificio Fenosa. Como aclara el demandante Valentín Souto en una entrevista publicada en este periódico, el importe de esa indemnización lo determina objetivamente la ley de expropiación forzosa según una propuesta hecha por el mediador. Souto sufrió durante los largos años de pleito una interesada demonización, mucho más que los culpables, pese a no ser responsable de cometer ninguna ilegalidad, sino de denunciarla.

El Concello indemnizará también a la comunidad de propietarios del edificio con una cantidad que oscila entre 12.000 y 9.000 euros para cada uno, según sea o no primera residencia, a cambio de que renuncien a exigir responsabilidades patrimoniales. La cantidad total supondría como mucho un millón.

El TXSG, que validó el acuerdo en un pleno en el que diez de los catorce magistrados votaron a favor de una solución por mediación inédita hasta ahora en España, advierte de que esta homologación ha tenido en cuenta las singularidades del caso, por lo que no es extrapolable a otros derribos. El tribunal estima que no es lesivo para el interés general o los derechos de terceros y recuerda que desde 1997, cuando se inició el pleito, no se han personado en la causa más partes que las implicadas en el acuerdo, por lo que cualquier intento de reabrir el caso se entendería como un abuso de derecho. Es decir, que la solución es definitiva.

La solución aplicada a este pleito no solo es óptima para el interés público, al evitar la hecatombe de las cuentas municipales, sino que probablemente siente un precedente en España para conflictos similares, según admitió a este periódico la letrada Marlén Estévez, participante en el equipo de mediación como representante del bufete Roca Junyent.

Pese a conjurarse el mayor perjuicio, no hay que olvidar que las consecuencias de la actuación ilegal de los entonces responsables municipales tendrá un coste para los bolsillos de los coruñeses. El acuerdo homologado por el Tribunal Superior de Xustiza incluye en uno de sus puntos precisamente que el Concello establezca públicamente las responsabilidades por las actuaciones ilegales que mantuvieron veinte años a la ciudad bajo la espada de Damocles. El alcalde, Xulio Ferreiro, ha dado ya el primer paso en esa dirección al anunciar el viernes que abrirá una investigación.

El coste de las indemnizaciones no debe recaer en el erario común de los coruñeses, sino que se le debe reclamar a los culpables, que jamás se dignaron siquiera pedir perdón por el daño ocasionado a la ciudad.

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