Buenos días. Hoy trataré la polémica por las donaciones al Estado de la Fundación Ortega, materializadas en términos de aparatos de diagnóstico y tratamiento en el campo de la Oncología. Les ofrezco, como siempre, mi punto de vista. Pero creo que lo encontrarán bastante inclusivo, por un lado, y con conocimiento de causa, por otro. Hubo un tiempo en que trabajé muy intensamente el apasionante tema de las alianzas público-privadas y el partenariado en el ámbito social, y he conducido trabajos específicos en tal campo, aparte de algún seminario sobre el tema para el conjunto de las universidades gallegas. Es un tema complejo, pero que creo que „bien articulado„ puede tener recorrido en nuestra sociedad, y darnos grandes satisfacciones.

Miren, al margen de los impuestos „de obligada satisfacción„ la ciudadanía puede transferir al Estado las cantidades adicionales que estime convenientes, en concepto de donación. De lo que se paga hay que descontar luego el rebote en término de bonificación fiscal, con lo que la donación neta en clave de esfuerzo real ha de ser entendida como el cómputo de lo uno menos lo otro. Tal fenómeno es bastante común en otras culturas „en el mundo anglosajón, claramente„ donde grandes fortunas o fundaciones patrimoniales llegan a tener tradición en un determinado campo de mecenazgo, articulando mecanismos autónomos, dotados con grandes presupuestos, para la consecución de objetivos pactados a menudo con el propio Estado u organismos multilaterales. Como ejemplo, siempre pongo el fondo MST „Malaria, SIDA, Tuberculosis„ en el que la Fundación Bill y Melinda Gates depositaron muy notables sumas, superiores a las de los distintos miembros „países„ de la comunidad internacional.

Esto en España es mucho menos habitual, tanto por aspectos culturales, como por una mayor separación entre lo público y lo privado, así como por una mucho mayor presencia del Estado en la provisión de servicios básicos que en tal mundo anglosajón. Aún así, hay fundaciones „alguna surgida también en nuestra ciudad„ con líneas de trabajo muy consolidadas y esfuerzo económico relativo muy intenso en campos muy determinados, a cuenta de una determinada masa patrimonial. Son fundaciones puras, también como la antedicha, que aplican fondos propios, en el sentido del papel reservado a priori por la legislación vigente para tal figura jurídica.

Por otra parte, es bien cierto que la planificación de determinadas infraestructuras en España, claramente en el campo de la salud, ha dejado mucho que desear en los últimos años. La crisis ha influido, claro está, pero no es excusa. Además, la peculiar configuración de nuestra Administración Pública, muy segmentada, hace que algunos procedimientos y técnicas lleguen con retraso. A modo de ejemplo, les diré que España es un país donde la protonterapia, radioterapia con protones, no está disponible hoy todavía en la sanidad pública porque el troceado de las competencias de sanidad en casi dos decenas de administraciones distintas ha supuesto la incapacidad de afrontar tan enormes inversiones o, más probablemente, la falta de consenso entre dichos organismos para elegir uno o dos grandes centros de referencia en tal técnica y una adquisición coordinada, atendiendo desde allí a a población de todo el país que necesitase tan específicos tratamientos.

En tal tesitura, las alianzas público-privadas no tienen nada de malo, en tanto todo el insumo presupuestario del país sale, a la postre, de los bolsillos de todos nosotros. Una donación específica, orientada desde origen a determinados ámbitos de inversión no es, en sí, diferente al resto de los esfuerzos colectivos para dotar una política pública. Eso sí, se entiende que las mismas han de estar necesariamente imbricadas en una estrategia previa y clara de los organismos encargados de tal planificación, con un papel protagónico del Estado, so pena de que, de otra manera, se pudiese estar produciendo una duplicación, un derroche o una inadecuada planificación de fondos. Entiendo que, en este caso, la Fundación donante habrá detectado una carencia presupuestaria a partir de las estimaciones de necesidades de los estamentos implicados, y habrá propuesto hacerse cargo de tal línea de financiación, coordinando con ellos tal tarea. Aún así, me consta, en algunas comunidades tal mecanismo de compra ya estaba en marcha con cargo a presupuestos, habiéndose liberado finalmente tales fondos por la incorporación a la propuesta de la fundación donante.

Honesta, sinceramente y sin acritud, a mí siempre me ha sorprendido el comportamiento un tanto errático de esta fundación patrimonial, en concreto. Ciertamente, ni sus fondos son comparables a los aplicados por otros actores globales con parecido peso económico, ni tampoco ha destacado por unas líneas de trabajo específicas y bien planificadas. Se toca educación, equipamiento y microequipamiento de diferentes entidades sociales, sanidad... Pero falta, sin duda, una lógica estratégica bien hilvanada, con capacidad de incidencia holística en determinadas realidades, y una provisión pecuniaria asociada verdaderamente suficiente. Algo que, por otra parte, implicaría naturalmente un mucho mayor impacto de la Fundación donante y mayor presencia de la misma, con su consiguiente debate social, pero que redundaría en una estrategia real y propia, así como una capacidad de cambio global y de beneficios para la sociedad notablemente superiores a la inversión en tecnología ahora aportada. ¿Quizá más adelante?

En fin, ya ven. Es un tema complejo, y que ha de estar bien gobernado desde lo público, pero que entiendo no debemos entender como caridad, denostando el resultado de alianzas público-privadas en materia de financiación de lo de todos. Todo lo contrario, hay que trabajar para mejorar estas, animando a la consecución de un mucho mayor volumen de las mismas, imbricando tal esfuerzo en una estrategia preexistente y concreta donde las riendas las lleve el Estado „lo de todos„ y sin que esto provoque una omisión de la Administración sino precisamente una potenciación de su capacidad de acción, en términos bien medidos y orientados. Todo suma y, desde la claridad y la transparencia, el Estado somos todos y todos tenemos que dotarlo, de una forma mucho más basada en consensos duraderos que a lo que nos tienen acostumbrados.