Inevitable decir algo sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena a doce dirigentes del secesionismo catalán. Nueve de ellos como autores de un delito de sedición y los tres restantes por desobediencia. La mayoría de los condenados y la unanimidad de sus correligionarios la han calificado de "venganza", dando por seguro que uno de los tres poderes del Estado español (en ese caso, el poder judicial) los quiso castigar por su osadía en reclamar la independencia de Cataluña. Y no solo eso, sino también declararla unilateralmente, previo organizar un referéndum ilegal con la misma finalidad y aprobar también unas llamadas leyes autonómicas de desconexión (como si la tentativa de romper la unidad territorial de un Estado para montar otro en paralelo fuese algo tan sencillo como cambiar de enchufe un electrodoméstico). Este es el tercer varapalo que se lleva el neoindependentismo catalán en poco tiempo tras la autorización del Senado (poder legislativo) a utilizar el articulo 155 de la Constitución, requerido por el entonces presidente del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy, ( poder ejecutivo) para intervenir el Gobierno de la Generalitat que presidía el ahora fugado Carles Puigdemont. La diferencia de fuerza entre el Estado español y el todavía non nato Estado catalan resulta evidente y no necesita de mayores explicaciones, pero hablar de complicidad total en las decisiones de los tres poderes parecería exagerado. No obstante, esa constatación (la diferencia de fuerza) se trasluce en la propia prosa de la sentencia del Tribunal Supremo que describe el empeño secesionista como una "quimera", o como una "ensoñación" casi imposible de realizar en la práctica. Constatación, por otra parte, que ha servido a los jueces del alto tribunal para calificar de sedición lo que la Fiscalía estimaba como rebelión, un delito mucho más grave. Un alivio no menor, en cualquier caso, ya que los dirigentes secesionistas, que ya llevaban dos años en prisión provisional, podrían comenzar a beneficiarse de permisos carcelarios. Beneficios item mas que administra la Generalitat al estar transferidas las competencias en esa materia. La sospecha sobre un posible trato de favor encubierto y la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez acceda a conceder indultos, ha alarmado a la derecha española que se ha apresurado a solicitar un endurecimiento de las penas en los delitos de sedición y rebelión y a presionar políticamente para que no se concedan medidas de gracia. Llegados a este punto, ¿qué bazas le quedan por jugar a los independentistas catalanes? Pues, más o menos, las que venían utilizando hasta ahora. Manifestaciones en la calle, quejas ante las instancias europeas, exaltación de los padres de la patria y victimismo, mucho victimismo, para mantener viva la "ensoñación" patriótica. En el fondo, se trata de una "ensoñación" pequeñoburguesa que nada, o muy poco, tiene que ofrecer a las clases populares. Por cierto que , entre la avalancha de opiniones y comentarios que ha desatado la sentencia del Tribunal Supremo, no encontré ninguna con patrocinio cristiano. De los obispos catalanes se echa en falta una carta pastoral que oriente a la grey católica sobre la conducta a seguir. Y del abad de Montserrat, habitualmente tan locuaz y dicharachero, no hay noticia de momento.
