Tras la entrada en vigor de la Constitución éramos muchos los que pensábamos en la importancia decisiva que tendría la enseñanza en el desarrollo de la personalidad humana en el marco del respeto a los derechos y libertades fundamentales y de la convivencia democrática instaurada por la Carta Magna. Por eso, no podíamos imaginar el grave deterioro que sufriría nuestro sistema educativo a lo largo de estos años como consecuencia de la decidida intervención de los dos partidos mayoritarios para hacerse con el controlar de la educación.

En el artículo 27 de nuestra Constitución se reconocen dos derechos: un derecho de libertad -la libertad de enseñanza- y otro de carácter prestacional: el derecho a la educación. Sin embargo, al ser muy amplia la habilitación al legislador para que desarrollase esos dos derechos reconocidos, la tensión entre modelo educativo de izquierdas y otro conservador se trasladó a las Cortes Generales donde los sucesivas normas reguladoras fueron objeto de agrios debates parlamentarios y, posteriormente, de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.

Merece la pena recordar, para que pueda advertirse el sinsentido, las sucesivas leyes que rigieron en una materia tan sensible como la educación: Ley Orgánica 5/1980, de 19 de julio, del Estatuto de los Centros docentes (Loece); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE); a la LODE la completó la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del sistema Educativo (Logse), ambas parcialmente derogadas o modificadas por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación; y esta última norma ha sido a su vez derogada por la hoy vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE); y ya se nos amenaza con una nueva Ley denominada ley Celaá).

No hace falta mucha imaginación para sospechar que este batiburrillo legislativo tenía que producir efectos nocivos en nuestro sistema educativo. Y tampoco debe sorprender si uno de esos efectos es que el sistema permita que coexistan alumnos con un elevadísimo nivel de preparación con otros -cuantitativamente bastante más numerosos- que poseen una formación muy deficiente.

Pues bien, aunque estoy seguro de que no lo buscaron de propósito, es la política la actividad en la que más se pone al descubierto el bajísimo nivel que pueden alcanzar algunos ciudadanos. Como no se exige ningún requisito para formar parte de un partido político, ni para ocupar un cargo público, la preparación que reúnen algunos políticos llega a ser muy preocupante. Y es que si metes en una coctelera el grado ínfimo de conocimientos de un político, le agregas que ocupa un cargo, y le añades que su propia ignorancia le impide valorar si debe opinar en público sobre ciertos temas, y lo agitas todo, el coctel es hilarante, por no decir que mueve a llanto.

Dos ejemplos, como muestra. El primero tiene lugar en el Ayuntamiento de Castrillón (Asturias) durante un pleno municipal celebrado el 27 de febrero de 2020, en el cual Yasmina Triguero, de Izquierda Unida y que es alcaldesa apoyada por una coalición de tres partidos: PSOE, IU y Unidas Podemos, considera que cuando la oposición habla de su coalición como "tripartito" los está insultando. Y por eso ella, al hacer recuento de una votación, en la que votan en el mismo sentido el PP, Ciudadanos y Vox, les llama "trifachito".

No sé a ustedes, pero a mí que una persona, que es alcaldesa de un pueblo, no sea capaz de entender que "tripartito" es una palabra de uso común en la política cuando hay un pacto entre tres partidos y que, por su supina ignorancia, considere que es un insulto y les responda con "trifachito", me resulta cuando menos desmoralizador.

El segundo caso, mucho más preocupante que el anterior, lo protagonizó Elisabeth Merino, concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Arrecife por el partido Somos-Nueva Canarias. La concejala aparece en un video y se recrea hablando del coronavirus, y tras decir textualmente que no se ha podido acabar con él porque mutó dos veces "para que no lo pillaran", afirma que como el coronavirus afecta solo a las personas mayores pero no a los jóvenes ni a los niños, la naturaleza nos está dando un aviso de que puede ser que estemos llenando la Tierra de muchas personas mayores y no de jóvenes.

Desde luego, la capacidad deductiva de esta política canaria es prodigiosa: de que el virus afecte más gravemente a la gente mayor y con una salud más precaria extrae la conclusión de que la Naturaleza nos está avisando de que estamos llenando la Tierra de muchas personas mayores y no de jóvenes.

La libertad de pensamiento y la libertad de expresión son libertades constitucionales básicas y hay que defenderlas hasta la extenuación. Pero de que exista la libertad de pensar y de que se pueda expresar libremente el propio pensamiento no se desprende, desgraciadamente, que en todo caso estemos un pensamiento bien formado y profundo. En los ejemplos expuestos, tanto la alcaldesa asturiana como la concejal canaria pensaron y dijeron lo que quisieron, pero debido a su escandalosa ignorancia tal vez deberían haberse quedado en silencio. Y es que a veces es difícil mejorar el silencio.