La apertura de Batería y Calvo Sotelo para disfrute ciudadano, anticipada provisionalmente por el Puerto esta semana para el primero de los muelles, ha devenido en una puja por su propiedad, en disputa por ahora entre la Xunta y el Ayuntamiento. La oferta inicial del Gobierno gallego —20 millones para comprar el 51% de las dos dársenas y urbanizar Batería— fue rechazada con rotundidad por el Ayuntamiento porque suponía que la Xunta tomaría el control de esa actuación. El mismo argumento que la alcaldesa, Inés Rey, ofreció entonces para oponerse —“el futuro del puerto lo decide la ciudad, no la Xunta”— lo esgrime ahora para defender su contrapropuesta: el Ayuntamiento ofrece adquirir por 19,85 millones de euros el 75% de Batería y Calvo Sotelo y que la Xunta financie el 80% de las obras necesarias en Batería. Queda por conocer la respuesta de la Xunta ante una propuesta que la deja como propietaria minoritaria de las dársenas, pero financiadora mayoritaria de la urbanización.

Ambas propuestas son, literalmente, idénticas salvo en el reparto de los costes y en que, en la del Ayuntamiento, la Diputación no se sumaría a Concello y Puerto para costear la urbanización. No solo coinciden en las palabras, sino también en el objetivo prioritario: obtener recursos económicos con los que la Autoridad Portuaria haga frente al mastodóntico endeudamiento de 300 millones de euros para construir la dársena exterior de punta Langosteira, sin necesidad de obtener el dinero con la venta al sector privado, es decir, garantizando que ese suelo siga siendo público.

Porque eso es lo que ya son los muelles de Batería y Calvo Sotelo: propiedad pública. La tozudez del Gobierno central, ahora y antes, de condonar la deuda del Puerto pone en peligro esa titularidad pública al negarse a ceder ese suelo a la ciudad o a ofrecerlo para el disfrute de todos sin coste añadido, condenando a que la única solución financiera para el Puerto sea vender. La puja por los muelles entre Xunta y Ayuntamiento pone en evidencia que, en la práctica, han renunciado a reconducir al Estado y a presionar por una cesión de los muelles sin precio, ni para A Coruña ni para Galicia. Y esa debería ser la solución adecuada, que el Gobierno entienda que la hipoteca del Puerto por punta Langosteira no se le puede endosar a los coruñeses por otra vía: la compra de esa superficie por Concello o Xunta. Por eso se echa en falta en ambos más capacidad de presión sobre el Gobierno para que reconsidere su postura y conceda al Puerto el perdón de la deuda que, por ejemplo, sí ha otorgado al de Valencia.

De lo poco que ha trascendido de la reunión, más técnica que política, del miércoles es que el Gobierno, según el Ayuntamiento, acepta “el esquema general” de la propuesta municipal. También con el PP en el Ejecutivo central había apoyado la formulada por la Xunta. El Estado, lo que realmente apoya, es hacer caja con la venta de muelles, independientemente de quién es el pagador. Todo con tal de recaudar los 25 millones de euros en que el Puerto ha tasado los muelles de Batería y Calvo Sotelo.

El debate portuario se ha focalizado en estas dos dársenas porque son las que primero quedarán liberadas por el traslado de actividad a punta Langosteira. Pero conviene no olvidar que, tanto por superficie como por usos permitidos en la actualidad —terciarios y hostelero—, su urbanización tendrá un impacto inferior en la contabilidad de la Autoridad Portuaria que la gran operación que se prevé en San Diego y Petrolero, con la posibilidad de construir viviendas, recogida en el Plan General de Ordenación Municipal.

Como siempre hemos defendido desde estas páginas, el Gobierno debe propiciar una salida financiera al agujero abierto en el Puerto con la construcción de la dársena exterior, impulsada en el Consejo de Ministros celebrado por el Ejecutivo de José María Aznar en María Pita con ocasión de la catástrofe ambiental del Prestige. Si los convenios que sustentaron la viabilidad financiera de la obra responden, como coinciden ahora todos los actores implicados, a un modelo de ladrillo afortunadamente ya superado, cobra más vigencia si cabe la reclamación que defendemos desde entonces: A Coruña no puede ser condenada a pagar un proyecto semejante hipotecando uno de sus bienes más preciados, su fachada marítima.