En el momento de escribir estas líneas, los siguientes países han ejecutado sanciones contra los yates, aviones privados, fincas o acciones de oligarcas rusos que roban a su país para poner después el dinero a buen resguardo: Alemania, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y Mónaco. Sí, han leído bien y el principado monegasco con drogodependencia náutica ha ejecutado megayates de los magnates de Moscú. Y se podría añadir a la lista una geografía tan inesperada como Suiza.
Sin necesidad de recurrir a un mapa, se observará que todos los países del entorno de España han “secuestrado” o “arrestado” yates de oligarcas, por emplear los términos correspondientes en italiano o alemán. Incluso los más superficialmente curiosos tenderán a preguntarse por la extraña ausencia de iniciativas españolas al respecto. Al contrario, desde las delegaciones del Gobierno se destaca que Madrid ha emitido instrucciones muy concretas para que a ninguna instancia autonómica se le ocurra incautar una de las preciosas embarcaciones, a menudo etiquetadas en torno a los cien millones de euros. Eso sí, se han encargado listados, según el acreditado método de abrir un expediente para guardarse las espaldas. De hecho, han huido de Barcelona yates que debieron ser inmovilizados.
Mientras tanto, los españoles pagan a diario las facturas de la guerra, bajo el genérico de la inflación. Resulta cuando menos curioso que cada ciudadano tenga que abonar de momento hasta un dos o un tres por ciento de su patrimonio por culpa de la invasión de Ucrania, y que al mismo tiempo pueda contemplar cómo el yate de un lugarteniente de Putin se balancea apaciblemente en el Mediterráneo.
Los oligarcas ahora perseguidos en todo Occidente excepto España sacan fuera de Rusia más de la mitad de la riqueza del país. Existe en realidad un error de nomenclatura anticuada, porque los secuaces y a menudo sicarios de Putin son hoy los siloviki multimillonarios, la generación que sustituyó a los clásicos Boris Berezovski o Mijaíl Jodorkovski tras apropiarse de sus bienes.
Basta asomarse a cualquier ventana informativa para advertir que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, y la neutralidad de España será más difícil que en las anteriores conflagraciones planetarias. Que paguen los oligarcas no parecer una contraseña viciosa ni guiada únicamente por la hostilidad a la riqueza, sino un mecanismo elemental para repartir el esfuerzo bélico.
Los oligarcas rusos no matriculan sus yates en los países donde los tienen atracados, ni mucho menos en Rusia. Los burócratas insistirán en que es difícil asignar una mansión a su magnate ruso correspondiente. De nuevo, cabría recordar que la economía de guerra obliga a aceptar un margen de error. Putin no analiza con tantos miramientos antes de asesinar a mansalva, y en los bombardeos que lanza contra España por Ucrania interpuesta no solicita antes la denominación patriótica de los destinatarios de las bombas.
Nadie acusaría a Estados Unidos de animosidad contra los megarricos que constituyen la esencia del paraíso de la libertad. Pese a ello, no ha vacilado al paralizar signos de ostentación sospechosos de pertenecer a oligarcas, bajo la fórmula de “vinculados a” o linked to, abstracta pero más que apropiada cuando se libra una guerra.
Se llega así al punto clave para explicar la tibieza contra los oligarcas, o nulidad absoluta en el caso de España. Todos ellos emplean y sufragan a prestigiosos despachos de intermediarios o enablers, que resuelven los aspectos jurídicos y financieros de sus inversiones con el dinero robado a los rusos. Pagan generosamente cifras astronómicas, y a menudo en bolsas de plástico repletas de billetes. Lo cual resulta hasta folklórico en tiempos de paz, pero el mundo está en guerra.
