La ministra de Defensa, Margarita Robles, en medio de la cacería de los que quieren cobrar su pieza por el supuesto espionaje de Pegasus a los separatistas catalanes, se ha encargado de hacer preguntas pertinentes como qué es lo que deben hacer un Estado y un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia, corta las calles, las carreteras y causa desórdenes públicos, como ha sucedido recientemente en España. Algunos creen que la ministra trata de justificar a los espías, cuando los espías por parte de la central de inteligencia de cualquier país están justificados desde el mismo momento en que existe esa central de inteligencia para velar por la seguridad y la integridad de un territorio.
La integridad del territorio español corría peligro cuando los dirigentes del procés decidieron declarar la independencia de Cataluña por medio de un putsch y tampoco ahora está a salvo, puesto que ninguno de ellos, que yo sepa, ha renunciado, pese a los indultos, a seguir atentando contra la unidad de la nación. ¿O sí, y es que no me he enterado? De modo que no hay nada más justificado para la salud del Estado que mantener bajo vigilancia a los separatistas que estarían dispuestos a repetir su intentona de sedición, por mucho que en la actualidad formen una especie de sociedad de intereses con el actual Gobierno.
Claro que resulta imposible que la labor de una central nacional de inteligencia, en el contexto de la seguridad de cualquier país, la entienda una clase política que ni siquiera es capaz de comprender cómo los ucranianos necesitan armas para defenderse de un invasor que los quiere aniquilar y destruye todo cuanto encuentra a su paso. Los mismos políticos que escudándose en el mantra de la paz apoyan, en cambio, al agresor genocida ruso que goza de sus simpatías y con el que mantienen además buenas relaciones.
