Ha vuelto a subir hasta la dolorosa cota del 10,8 por ciento el precio de todo y, por una vez, la culpa no es del Gobierno. La inflación es un impuesto que no depende de la voluntad de los gobernantes, pero a ver quién se lo explica a los millones de trabajadores que pronto verán cómo el mordisco de los precios —y el de las hipotecas— deja en los huesos su nómina mucho antes de que termine el mes.
Traducida al lenguaje común, la enigmática subida interanual del IPC significa que el dinero de los españoles vale una décima parte menos que hace un año. Somos un diez por ciento más pobres —o menos ricos, si se quiere ver la botella medio llena—; y eso sin que se hayan producido subidas del IVA o del IRPF que expliquen el latrocinio.
Lo cierto es que los precios se han desbocado más o menos por igual en el resto de Europa: e incluso en nuestra metrópoli estadounidense alcanzan dígitos de más del nueve por ciento. Casi nadie se salva de esta explosión del coste de la vida que ha seguido a la pandemia, como si los hados del dinero quisieran confirmar que las catástrofes nunca vienen solas.
Los memoriosos echan cuentas y les sale que no se conocía desde hace casi cuarenta años una subida tan acusada en la cesta de la compra. El descontrol de los precios era hasta ahora un rasgo característico de las economías de algunos países de Latinoamérica y de África. Una desgracia de la que nos protegía a los europeos el Banco Central con sede en Fráncfort y la severa política antiinflacionista de las autoridades de la UE o, lo que es lo mismo, de Alemania.
Ya no es así. Las causas de esta anomalía, tras decenios de contención y hasta bajada de precios, serían, entre otras, el desembolso del dinero ahorrado durante los dos últimos años de la COVID-19, en opinión de algunos economistas. A ello habría que sumarle la invasión de Ucrania y la subsiguiente crecida del coste del petróleo y la energía, que en realidad ya había comenzado antes.
En esto se conoce, una vez más, que la economía es ciencia de suyo misteriosa. Generalmente, los gobiernos animan a la población a gastar más para que mejore el consumo y, por tanto, la producción y los servicios. Pero ahora sucede exactamente lo contrario. El problema es que en este primer verano del desenmascaramiento estamos gastando lo que no habíamos podido hacer en los dos años anteriores, con lo que el exceso de demanda dispararía, al parecer, los precios.
Cualesquiera que sean los motivos, lo malo de este asunto es que los sueldos no crecen a la par del puñetero IPC, detalle que inevitablemente empobrece a la población en general y, sobre todo, a la trabajadora.
Mala para todos, la noticia es particularmente nociva para el Gobierno. Nadie ignora que la gente acostumbra a guardar el voto en el mismo bolsillo que la cartera, de modo que el buen o mal estado de esta última acaba por determinar la orientación del sufragio. Cuando las cosas se tuercen, los ciudadanos tienden a culpar a quién manda de todo lo que ocurra: tanto da si la carestía, las olas de calor o los malos resultados de la selección de fútbol.
Ya está tardando Sánchez en afearle su conducta a los contribuyentes que, gastando como si no fuera a haber más veranos, bien podrían ser los culpables de la subida de precios. Cosas más raras se han visto.
