Un grupo municipal de Baiona, en Galicia, alcanzó este verano su momento de gloria en las redes sociales al quejarse públicamente de que el Concello organizase actividades culturales en “dialecto” gallego.
Afeaban los ediles del Partido Popular la conducta del gobierno de la villa, en tanto que el uso del gallego supone, a su juicio, una falta de respeto a los veraneantes que eligen Baiona para sus vacaciones. Se conoce que hay idiomas para el verano, para el invierno e incluso de entretiempo, al igual que sucede en el ramo textil.
Los autores de la extravagante protesta no tardaron en retractarse de lo dicho —y en gallego, claro está—, pero lo cierto es que esta clase de lamentos suelen leerse y oírse a menudo en los medios.
No faltan siquiera partidos que afirmen, al parecer seriamente, que el Gobierno conservador de Galicia “impone” la lengua usada por Rosalía (Castro) y por Alfonso X el Sabio; e incluso persigue a los castellanohablantes. Gobierno que, para abundar en la paradoja, pertenece al mismo partido que el mentado grupo municipal.
Lo curioso del asunto es que la supuesta discriminación a favor del gallego vendría de antiguo, a juzgar por las exigencias de un Tribunal de Oposiciones a Notarías publicadas en la Gaceta de Madrid (antiguo BOE) en fecha tan lejana como el año 1906.
Los aspirantes a notario, que es profesión de suyo severa, estaban obligados ya entonces a someterse a un examen de conocimiento de gallego previo al ejercicio teórico. Y con carácter eliminatorio, además.
Cierto es que la prueba, muy sencilla, consistía en el dictado de un párrafo en gallego que los opositores debían escribir para demostrar —o no-—su pericia en el manejo del “dialecto”. Aun así, las consecuencias eran irreversibles en el caso de que suspendieran el examen. “El opositor que, a juicio del Tribunal, no conozca suficientemente el dialecto gallego no podrá tomar parte en el ejercicio teórico ni en el práctico”, advertían los examinadores en la convocatoria.
No hay noticia de que se produjesen motines o siquiera protestas entre los afectados por esta norma, que allá por 1906 pudiera parecer estrafalaria para la mentalidad de la época. Quizá en esto se conozca que el público en general era más tolerante entonces o que, simplemente, no buscaba inventar problemas por el mero gusto de polemizar.
Coinciden, eso sí, los miembros de aquel Tribunal de Notarías y el grupo municipal de Baiona en calificar de “dialecto” al idioma gallego; pero es que ha pasado ya más de un siglo. Tiempo suficiente, quizá, para que los ediles galaicos dejasen de incurrir en ese elemental error de concepto.
Bastaría en realidad con que echasen un vistazo al diccionario de la Real Academia Española que en la sexta acepción de “gallego” lo define como: “Lengua romance, derivada del gallegoportugués, que se habla en Galicia”.
Es cosa de pasmar que en Galicia se hable gallego, como el francés en el famoso epigrama de Moratín: “Admirose un portugués al ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia sabían hablar francés”. Lo mismo pasa con el gallego, lengua exigible alguna vez a los notarios e idioma de uso no recomendable en verano a juicio de un grupo de concejales de Baiona. La gallega, no la francesa.
