Trincar

Así que era eso. El regeneracionismo de la política en España consistía para algunos en asegurarse el machito y trincar, tomar posesión del poder tras ganar unas elecciones y duplicarse el sueldo y colar a amigos y turiferarios en la cosa pública. Trincar, aparejarse una pagaza y pasar tranquilamente el verano, y luego el otoño, sin importar ya quién gane el 23J, y así todas las estaciones durante cuatro años en ayuntamientos e instituciones donde han acabado entrando, bien con la complicidad de Pancho, Piraña y el elenco restante del Verano azul; bien con el apoyo o bajo exigencia de, como diría Javier Cercas, falangistillas y chisgarabís; o bien —como se ha dado algún caso— a propuesta de quien a sí mismo se llama socialdemócrata y no se lo cree ni él, o ella, o elle. Y luego ya veremos. Lo que va delante va delante. La cuestión era el trinque y después todo lo demás. Quienes venían a desmontar chiringuitos, derogar no sé qué y dignificar a la clase política se han apresurado a garantizarse la mamandurria y la sinecura. Algunos, en lo de limpiar la vida pública, omitieron alguna acepción.

En Torrelodones, en Cádiz, en Albacete, en Nàquera, en Yebes, en Marbella, en Llucmajor, en A Coruña. Solos o en compañía de otros. Donde decía 484.509 euros se ha pasado a 1,15 millones y siete asesores porque era “absolutamente esencial”; allá donde la retribución se consideraba exigua, lo primero que hizo el alcalde fue subirse la retribución 13.000 euros al año y luego prohibir la bandera arcoíris, dos iniciativas “indispensables” para la buena marcha del pueblo y de la democracia entera; en el municipio guadalajareño de 1.700 habitantes donde se ha fraguado la coalición regeneradora han optado por abordar una primera medida de urgencia que afecta al alcalde (PP) y al primer teniente de alcalde (Vox), cual es aprobarse 46.463,90 euros anuales brutos cada uno, un 32% y un 51% más, respectivamente, de lo que cobraban con sus predecesores. Han afinado bien: son 12 céntimos menos de lo que estipula la ley para poblaciones de ese censo. Habrían ganado El precio justo. Por los pelos.

El caso más llamativo es, sin duda, el de Cádiz, donde un señor del Partido Popular se ha puesto 68.888 euros más que su antecesor, Kichi, que de vuelta a su puesto de profesor no notará la diferencia salarial. La remuneración es la misma como primera autoridad gaditana que como enseñante de la pública. La nueva retribución corporativa da para bastante más que para una tortillita de camarones. Sabido es que una vez que tocan pelo, algunas de nuestras autoridades cambian automáticamente las papas con chocos y el cazón en adobo por los bigotes. Lo bien que quedaría una lona colgando del edificio más vistoso del centro de las ciudades: Todos somos Tito Berni y no hay quien nos desokupe.

La culpa es de Carmen Calvo, que dijo aquello de que “el dinero público no es de nadie”. Se lo tomaron al pie de la letra o la exvicepresidenta no se explicó bien. Pero ¿cómo que no es de nadie? Y como no es de nadie, pues al lío, no sea que esto no dure. La culpa es de Carmen Calvo y de gente como José María González Santos, Kichi, que se creyó que Cádiz merecía un alcalde que ganara 38.000 euros al año. Entre lo de Kichi y lo del nuevo se entiende que hay un término medio capaz de situarse en los términos de lo aceptable.

La aprobación de retribuciones de una corporación se fija en la primera sesión plenaria tras su constitución. Para los votantes es una trampa y para los alcaldes una enorme ventaja. La ventaja: cuatro años después, nadie se acuerda. Que se lo pregunten a Kichi, que se vuelve al instituto de Puerto Real con la sensación de que los gaditanos no han valorado tanta generosidad. La indignación se va diluyendo conforme avanzan las estaciones y van cayendo las hojas. La trampa: hay un vídeo enormemente llamativo de esta cuestión. Corresponde a la sesión constitutiva del pleno de Torrelodones, en Madrid, en la que un grupo de votantes —según parece, del PP o de Vox— echan en cara al nuevo gobierno, de PP y de Vox, la disparatada subida de emolumentos acordada nada más comenzar la nueva administración. Se les ve protestar de forma airada en el propio salón de plenos. Los vecinos acaban siendo desalojados, previa advertencia de intervención de la Policía Local. Es lo que tienen algunos, que acaban desokupando un salón de plenos sin necesidad de colgar una lona de aviso en la fachada del ayuntamiento.

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