Economía social en tiempos de juego revuelto

Corren malos tiempos para el decoro, la ética y la estética, también en el seno de los organismos, las empresas e instituciones. Confiábamos que la cuarta sería la última ola de calor de este verano en España; sin embargo, el incesante goteo de acontecimientos (extra)deportivos a raíz de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA lejos de aminorar la sensación de bochorno, la dispara en los últimos días de agosto. Nuevamente, la actualidad destapa la disfuncionalidad de relaciones sociales y económicas cuyas estructuras hace tiempo que han quedado obsoletas, pues ya no sirven en el mundo actual ni a los propósitos que en su día dieron sentido a su funcionamiento, ni a las necesidades de una sociedad que muda de piel a una velocidad cada vez más vertiginosa a golpe de incertidumbre. La pandemia del COVID-19 y sus efectos colaterales han supuesto el punto de no retorno de la historia más reciente en este sentido. Su impacto global ha multiplicado el alcance y calado de la vulnerabilidad social, además de anticipar los riesgos psicosociales, económicos, o sanitarios a los que nos volveremos a ver sometidos en el futuro de no apostar hoy por la construcción de sociedades más igualitarias, justas, cohesionadas y resilientes. Tal urgencia insta pues a repensar con las luces largas encendidas qué modelos de desarrollo social y económico adoptar que garanticen el bien común.

En la necesaria renovación de un contrato social que equilibre las necesidades de todas las partes interesadas, la contribución de la economía social y solidaria puede ayudar a avanzar la denominada prosperidad inclusiva, creando empleo de calidad, situando el bienestar de las personas en el centro del modelo productivo, promoviendo la justicia social y la solidaridad, y respetando el medioambiente. No se trata de un modelo económico ni reciente ni nuevo, ya que han sido numerosas las iniciativas de economía social que a lo largo de la historia han cristalizado a partir de expresiones de reciprocidad, cooperación, y autogestión, por ejemplo, a través de experiencias de apoyo mutuo y cuidados en comunidad. Sin embargo, su potencial para la transformación social con alcance global no va más allá de los últimos cincuenta años, y es en la actualidad ante los desafíos que plantean las transformaciones digital y ecológica (transición gemela) que adopta un carácter totalmente transversal. Solo en nuestro país, este modelo económico alternativo integra en la actualidad a más de 43.000 entidades que operan a lo largo del ciclo productivo de productos y servicios en los ámbitos de la salud, la industria, el comercio, la producción agrícola, la educación, la vivienda, las finanzas o la distribución energética. La aprobación el pasado mes de abril del Anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social y de la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027 respaldan el impulso a este sector dentro de nuestras fronteras. Por su parte, y ya en un plano internacional, la primera resolución para impulsar la economía social en todo el mundo es adoptaba días más tarde por la Asamblea General de la ONU.

De entre las distintas entidades de la economía social (cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, o empresas de inserción, entre otras) las empresas sociales han proliferado de manera destacada en la última década en nuestro país. Combinando la generación de impacto social positivo con la práctica empresarial, estas organizaciones híbridas se sirven cada vez más de soluciones innovadoras para resolver de manera eficaz y sostenible aquellas necesidades insatisfechas por ineficiencias del mercado, a través de modelos de gestión éticos, transparentes e inclusivos. El último informe publicado para España por el Observatorio Europeo de las Empresas Sociales en 2022 presenta un ecosistema empresarial social aún lejos de estar maduro, ya que una importante mayoría de las empresas que lo componen todavía se encuentran transitando las fases de implementación y crecimiento de sus modelos de negocio. De manera generalizada, la participación de las personas empleadas en la toma de decisiones que afectan a la organización es (muy) elevada, y los beneficios de la actividad empresarial no solo no acaban en manos privadas, sino que se distribuyen mayoritariamente o se reinvierten en los objetivos sociales que dan sentido a la empresa. Estos objetivos se alinean a menudo con la mejora del bienestar de colectivos vulnerables a través de: i) el impulso a la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión sociolaboral por razones de raza o etnia, de diversidad funcional, y de género, destacando aquí la elevada presencia intramuros de las mujeres, que son mayoría en los consejos de administración o patronatos, los equipos directivos, y las plantillas; y ii) aliviar las situaciones de vulnerabilidad que sufren quienes padecen enfermedades mentales, problemas de salud mental y/o discapacidad psíquica, desempleo de larga duración, y mujeres y niñas, por este orden. No por casualidad los ámbitos de actividad en los que se concentran buena parte de las actividades e impactos positivos de las empresas sociales en un contexto postpandemia tienen que ver con la salud, la educación, y el trabajo social.

*Profesora ayudante doctora del departamento de Empresa de la Universidade da Coruña y socia de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT-GAL).