La amnistía que nunca existió

No sería la primera vez que Puigdemont, el líder de Junts, engaña a todos empezando por los nacionalistas vascos, por lo tanto, tampoco tendría nada de extraño que votara en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Acuérdense que en 2017 le garantizó al lehendakari Íñigo Urkullu que no convocaría referéndum unilateral, y lo convocó. En esta ocasión ha sido el presidente del PNV Andoni Ortúzar quien se ha entrevistado con él en Bélgica. Veremos si repite la jugada.

Según el barómetro del CIS Estudio nº3420 Postelectoral elecciones generales 2023, Junts aumentaría mas del 50% en estimación de voto pasando del 1’1 al 1,7. De los grupos nacionalistas es sin duda el que más sube. Esquerra Republicana de Cataluña también sube, pero una décima. Junts, es de los partidos nacionalistas el que más vería incrementado el número de votos situándose a la par con sus competidores directos de ERC. (Por cierto, el PSOE supera el PP en intención y en estimación de voto en casi dos puntos).

Conviene recordar que cuando en el Senado se votó el artículo 544 del Código Penal modificando los delitos de sedición y malversación Junts votó en contra, votó junto con Vox y el PP. La modificación del Código Penal pretendía, y consiguió, equiparar la legislación española con otros países europeos: sustituyendo sedición por “desórdenes públicos agravados” y la pena máxima de quince años se redujo a cinco y la “malversación sin ánimo de lucro” que antes era de hasta doce años se redujo a cuatro el objetivo según el portavoz socialista en el Senado era “homologar con otros países europeos” y “propiciar la convivencia”. Junts votó en contra por orden de Puigdemont y quizá se sentirá tentado de volver a ser de nuevo presidente de la Generalitat a juzgar por los sondeos. Ahora, sin embargo, ningún grupo independentista podrá gobernar en Cataluña, suponiendo que superara al PSC-PSOE, sin el apoyo parlamentario de este. Yo no descarto que Puigdemont provoque unas nuevas elecciones generales teniendo en cuenta la convocatoria unilateral del referéndum, su voto en contra de la reforma del Código Penal y su empecinamiento con la amnistía.

La amnistía reclamada por Junts y Esquerra Republicana pasa por archivar todos los procesos penales abiertos vinculados al “procès”. Los independentistas quieren que se reconozca que han sido víctimas de una represión por parte del Estado español, que ha llevado a la cárcel a sus principales líderes por el delito de sedición. Además, quieren que se les reconozca que el referéndum del uno de octubre de 2017 fue legal y formó parte de su “derecho a decidir”. Evidentemente el derecho a decidir unilateralmente por la Generalitat no está reconocido en la Constitución. El delito de sedición ya fue modificado, así como el de malversación, pero nadie del gobierno, y menos el presidente Sánchez, ha hablado en ninguna ocasión de amnistía; aunque caben indultos siempre después de ser jugados y sentenciados.

Entre el indulto y la amnistía la diferencia no es meramente cuantitativa, sino cualitativa. Debe ser el legislador, el Congreso, el que debe precisar el régimen jurídico de la amnistía, pues en palabras del Tribunal Constitucional (1986) “no hay restricción constitucional directa sobre esta materia”. Amnistía es la potestad del legislador porque fija un nuevo marco legal, ahí estaría la diferencia con los indultos, que son una medida de gracia concedida por el gobierno y firmada por el rey.

Nadie del PSOE ha hablado de amnistía. Por contra el gobierno siempre ha dicho que negociará con todos dentro del marco de la Constitución. Los que han hablado de amnistía han sido el Partido Popular y desgraciadamente Felipe González y Alfonso Guerra. Para los que nos consideramos socialistas, es patético oír a González y Guerra hablar contra el gobierno de Sánchez atribuyéndole una amnistía que no se sabe de dónde sacan, y que, sin embargo, el incumplimiento constitucional del Partido Popular, al tener secuestrado el Consejo General del Poder Judicial desde hace cinco años, no haya sido denunciado ni una sola vez. Eso sí es inconstitucional, y ni González, ni Guerra lo denuncian. Lamentable. Ha habido reforma del Código Penal. Puede haber más indultos siempre después de las correspondientes sentencias. El reconocimiento del derecho a decidir exige una reforma constitucional previa. Habría que ir hacia un Estado federal —o confederal—, y eso solo puede ser pactando también con el Partido Popular, lo que es absolutamente inviable bajo la tutela de Aznar y el liderazgo quimérico de Feijóo.

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