España, paraíso del comisionista

Gente de gafas negras vinculada al exministro José Luis Ábalos acaba de ser empitonada por la policía y los jueces, que sospechan comisiones en la compraventa de mascarillas durante la pandemia del COVID.

El Gobierno dice no saber nada del asunto, aunque haya fotos y hasta vídeos del presidente Pedro Sánchez en compañía del más popular de los veinte detenidos. Un aizkolari o leñador que comenzó su exitosa carrera política como portero de un local de los que antiguamente se llamaban de mala nota.

Tampoco hay por qué ponerse como se ha puesto la oposición. “¡Qué escándalo, qué escándalo!”, clamaba indignado el corrupto capitán Renault en cierta famosa escena de la película Casablanca. “¡He descubierto que aquí se juega!”, decía justo antes de embolsarse las ganancias obtenidas en el casino de Rick.

Lo mismo ocurre con los gobiernos, que suelen enterarse de estas cosas por los periódicos. Salvo en el caso del general Franco, que —con buen criterio— no permitía que los papeles vinculasen a su régimen asuntos tan delicados como el de Reace o el de Matesa, claro está.

Soliviantarse porque alguien pueda aprovechar sus conexiones con los ministerios para hacer negocios es pura ingenuidad. El cobro de comisiones forma parte, aquí y en Pekín, de la actividad de cualquier gobierno. Tanto, que los mandamases debieran crear una Dirección General que se ocupe de ordenar esos pagos.

Las comisiones y las rentas son, en realidad, la base del peculiar capitalismo de España. Otras naciones de raíz luterana confían su prosperidad al esfuerzo personal y a la inventiva, idea refutada en su día por Miguel de Unamuno con su famosa frase: “¡Que inventen ellos!”. El trabajo, que es cosa de pobres, siempre ha sido mal visto por aquí. Lo notable del asunto, en esta ocasión, es que el actual Gobierno llegó al poder mediante una moción de censura planteada contra Mariano Rajoy bajo el pretexto de la corrupción que aquejaba al partido conservador.

No era mal argumento, si se tiene en cuenta que el partido socialista había perdido el poder a finales de los noventa por la acumulación de incidencias que afectaban al gobernador del Banco de España, a un ministro, al director de la Guardia Civil, a la gerente del Boletín Oficial del Estado y hasta a la presidenta de la Cruz Roja. Por no citar los casos Filesa, Malesa, Time Export o el del hermano conseguidor de Alfonso Guerra.

Una vez en el poder, los conservadores del PP no tardaron en igualar el marcador con su tesorero Bárcenas y otros lances de pillería que les valieron el título —tal vez exagerado— de partido más corrupto de Europa. Hay tantos en el continente que resulta difícil saber quién lidera ese ranking.

Sánchez, que llegó precisamente a la Jefatura del Gobierno como azote de corruptos, había conseguido mantener hasta ahora su virginidad en ese ramo; pero ya se sabe que todo es cuestión de tiempo.

El caso del aizkolari, que parece extender sus ramas a mucha otra gente relacionada con el partido en el Gobierno, bien pudiera constatar —por si hiciera falta— que este es un país de comisionistas, sin distinción de ideologías ni de partidos. Si hasta hay un sindicato, sin relación con nada de esto, que lleva el nombre de Comisiones…

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