Entre Koldo y Puigdemont...

El jueves, el Gobierno perdió en el Congreso otra importante votación al censurarse, por 171 a 165 votos, al ministro del Interior, Grande-Marlaska, por la muerte en Barbate de dos guardias civiles el 16 de febrero. La censura salió porque los siete diputados de Junts y los tres de Podemos votaron junto a la derecha. Que en un momento tan delicado —por Ábalos y con la ley de amnistía en el aire— 10 diputados del pacto de investidura voten contra el Gobierno volvió a mostrar la extrema debilidad de la coalición.

Pero lo de Marlaska es la menos grave de las desgracias que esta semana se han abatido sobre Sánchez. La más ruidosa es el caso Koldo, el súper asesor del exministro Ábalos, imputado por cobro de comisiones en la compra de mascarillas. Por lo ya conocido del sumario, el PSOE no tenía otro remedio que cortar la cabeza de Ábalos porque su posición era insostenible. Aunque solo fuera —puede haber más— por responsabilidad política.

El sumario está dando más fuerza al caso y el PP prepara una inmediata comisión de investigación en el Senado para exigir la comparecencia y dilucidar la responsabilidad de varios políticos socialistas, incluido el presidente Sánchez. Los primeros en la lista son Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y antiguo presidente de Canarias, que en sus comunidades compraron mascarillas de la trama. El caso más llamativo puede ser el de Armengol porque preside el Congreso y si tuviera que cesar, la elección de un nuevo presidente podría resultar muy complicada. Pero el PP apunta también a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE que fue el introductor de Koldo y quién se lo recomendó a Ábalos.

Y el miércoles en la sesión de control Feijóo apuntó directamente a Pedro Sánchez al espetarle que conocía desde hacía tiempo el caso y que lo había ocultado. Nada hay en el sumario, pero ¿por qué cesó Sánchez a Ábalos —gran colaborador en su victoria en las primarias del 2017 y los primeros tiempos de su Gobierno— en la crisis ministerial de 2021 sin causa conocida y sin ninguna explicación? ¿Intuía o sabía que Ábalos no era trigo limpio y lo apartó, aunque luego le volvió a poner en la lista por Valencia en las elecciones del pasado julio? Y el PP agita también algún encuentro de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, con Victor Aldama, uno de los jefes de la trama.

Sea como sea, el caso Koldo-Ábalos va a generar mucho ruido que no va a ayudar al Gobierno. Y la semana próxima se debe volver a votar en el Congreso la controvertida ley de amnistía que fue tumbada en el Congreso por la suma de los votos de Junts, PP y Vox. La razón fue que para Junts no era una “amnistía integral” al no garantizarla para todos los acusados de terrorismo. La votación puede ser decisiva porque si Puigdemont no vota la amnistía tampoco votará los presupuestos. Entonces el Gobierno estará en minoría y la duración de la legislatura quedará en el aire. Y los dos máximos negociadores están “tocados”: Turull por un infarto y Santos Cerdán por Koldo.

Y el jueves el Tribunal Supremo acordó por unanimidad investigar a Puigdemont por posible terrorismo en el caso Tsunami. Aragonès, president de la Generalitat, afirma que “el Supremo ha cruzado todos los límites” porque la imputación parece buscar que Puigdemont se reafirme en el no a la ley de amnistía. Y lo cierto es que el juez García-Castellón, que instruye el caso desde 2019 y al que el Supremo ha dado la razón, no había visto terrorismo hasta que se concretó el pacto entre el PSOE y Puigdemont tras las elecciones de julio.

¿Actúa el Supremo por motivaciones políticas? Puede ser y Aragonès habla incluso de “boicot”, pero ese era uno de los riesgos cuando se pactó la amnistía —una medida muy excepcional— por conveniencia parlamentaria, contra el primer partido en las últimas elecciones, y contra el criterio de la mayoría del mundo judicial.

No es un panorama nada tranquilizador, pero las cosas son como son. La legislatura no empezó bien y se está convirtiendo en un calvario. Y con el caso Koldo en primer plano, según lo que pase en el Congreso el próximo jueves con la ley de amnistía —dependerá de Puigdemont— la pregunta será cuánto puede durar el calvario.

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