Finalmente, la fiscal pedirá 30 años de prisión para el asesino de Carlos Palomino, el menor antifascista apuñalado en 2007 en la estación madrileña de Metro de Legazpi. El Ministerio fiscal ha decidido elevar en un año y aplicar la máxima pena al considerar que se trata de un delito de asesinato con la agravante de motivos ideológicos, además de otro delito de homicidio en grado de tentativa.

Mientras, la defensa de Josué Estébanez insiste en que su cliente pudo haber muerto si no se hubiera encontrado con los policías nacionales, que evitaron que los amigos del fallecido le pegaran una paliza.

Durante el trámite de conclusiones, la fiscal echó por tierra los argumentos de la defensa, en los que alegaban que el presunto asesino actuó en legítima defensa por "miedo insuperable y estado de necesidad para evitar un mal mayor". Por el contrario, la representante del Ministerio público recalcó que en todo momento, el acusado, Josué Estébanez, "controló la situación", puesto que preparó y ocultó tras su espalda el arma homicida antes de que el grupo de Palomino entrara en el vagón donde se cometieron los hechos.

Por todo ello, la fiscal solicita 20 años de cárcel e inhabilitación absoluta por ese mismo periodo de tiempo por el delito de asesinato, con la agravante del artículo 22.4 del Código Penal en relación a la discriminación por motivos ideológicos. A esto se le suman nueve años, 11 meses y 29 días de cárcel por homicidio intentado. Además, reclama dos meses de multa con una cuota de 10 euros al día por un delito de lesiones.

La acusación particular mantuvo su petición de pena de 37 años de cárcel por asesinato, tenencia ilícita de armas, amenazas y tentativa de homicidio. La acusación popular, que representa a Movimiento contra la Intolerancia, reclamó la misma condena que la fiscal. La defensa solicitó seis meses de prisión por homicidio y otros tres por lesiones graves, ya que en el primer delito considera los eximentes de legítima defensa, estado de necesidad y miedo insuperable.