La Unión Europea aprobó ayer que las autoridades administrativas de los Estados miembros puedan cortar el acceso a internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor -tal y como quieren hacer Francia o Reino Unido- según el acuerdo alcanzado por los Gobiernos de los 27 y la Eurocámara para reformar la regulación del sector de las telecomunicaciones. En España, la legislación exige una autorización previa pero el Gobierno estudia cambiar la normativa.
El compromiso fue posible después de que la Eurocámara diera marcha atrás en su defensa de los derechos de los internautas. Los eurodiputados habían frenado hasta ahora la aprobación de la reforma de las telecomunicaciones reclamando que la nueva normativa prohibiera expresamente el acceso a internet sin orden judicial previa, algo que no aceptaban los Gobiernos de los 27. Pero en la fase final de las negociaciones, el Parlamento cedió en sus exigencias.
A cambio, la Eurocámara y los Gobiernos pactaron un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas. En él se afirma que las restricciones al acceso a internet "sólo pueden imponerse si son adecuadas y necesarias en una sociedad democrática". Tales medidas sólo podrán adoptarse "respetando el principio de presunción de inocencia" y como resultado de un "procedimiento previo e imparcial" que permita "ser escuchado".
