El Vaticano presentó ayer nuevas normas del ordenamiento canónico más severas, para combatir los abusos sexuales por parte de clérigos a menores, entre ellas el aumento del tiempo de prescripción de esos delitos, que pasa de los 10 años actuales a 20. Hasta ahora, este periodo era de 10 años, es decir, los 28 años suponían el tope máximo para poder denunciar los abusos.
La Santa Sede siempre ha sido consciente de que este tiempo era insuficiente y ya antes de la nueva normativa aceptó algunas denuncias que habían caducado según este criterio. La institución eclesiástica también contempla que los abusos contra discapacitados psíquicos adultos son equiparados a los cometidos contra menores.
La modificación de la normativa vaticana para los procesos canónicos introduce un nuevo delito, cuando van unidas la pederastia con la pornografía, por el que se castigará la adquisición, posesión y divulgación "por parte de un miembro del clero, en cualquier modo y con cualquier medio", de imágenes pornográficas que tengan como objeto a menores de 14 años.
Con estas medidas, la Santa Sede ha revisado y modificado el documento Delicta Graviora, presentado por el Papa Juan Pablo II en 2001, en el cual se atribuía a la Congregación de la Doctrina de la Fe la competencia para tratar y juzgar una serie de "delitos particularmente graves".
Debido a que se trata de normas del ordenamiento canónico, es decir, de competencia de la Iglesia, no tratan de la denuncia a las autoridades civiles.
El portavoz vaticano, Federico Lombardi, precisó que se da por descontada la colaboración "y el cumplimiento de lo previsto por las leyes civiles". Lombardi agregó que en la Guía para la comprensión de los procedimientos, se indica que "deben seguirse siempre las disposiciones de la ley civil en materia de información de delitos a las autoridades competentes" y que es estrictamente necesario "adecuarse desde el primer momento a las disposiciones de ley vigentes en los diferentes países".
La Congregación para la Doctrina de la Fe también trabaja actualmente en indicaciones para los episcopados, de modo que las directrices emanadas por ellos relativas a abusos sexuales de menores por parte del clero o en instituciones eclesiásticas, sean "cada vez más rigurosas, coherentes y eficaces".
Las nuevas normas pretenden agilizar y simplificar los procedimientos legales, además de ofrecer la posibilidad de no seguir "el camino procesal judicial normal", sino proceder por "decreto extrajudicial" y presentar directamente al Papa los casos más graves para que el clérigo culpable sea reducido en el menor tiempo posible al estado clerical.
Otra de las novedades es que la Iglesia, ha vuelto a proponer la normativa sobre la confidencialidad de los procesos para tutelar la dignidad de todas las personas implicadas.
Lombardi subrayó que la publicación de estas medidas demuestra la decisión del Vaticano de "actuar con rigor y con transparencia" para afrontar los casos de abusos sexuales de clérigos a menores, decenas de ellos ocurridos durante décadas en EEUU, Irlanda, Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Italia, entre otros países.
Las medidas renovadas establecen a mayores de manera clara y precisa que "el intento de ordenar a una mujer como sacerdote" constituye uno de los "más graves crímenes contra la legislación canónica". Aparte del ordenamiento de las mujeres, el documento incluye normas relacionadas con delitos que atentan contra la fe como la herejía, la apostasía y el cisma, así como la divulgación y la grabación de las confesiones sacramentales.
