Docenas de empleados y contratistas del Pentágono, algunos de los cuales superaron máximos escrutinios de seguridad, compraron y descargaron pornografía infantil en diversas ocasiones desde los ordenadores del Gobierno estadounidense, según una investigación hecha pública ayer.
Parte de las conclusiones de la pesquisa, que se prolongó por espacio de varios años, están contenidas en un documento de 94 páginas divulgado ayer por el propio Pentágono.
El informe señala que parte de esos empleados y contratistas trabajaban para algunas de las agencias que manejan los secretos más resguardados por el Gobierno, incluida la Agencia de Seguridad Nacional.
El documento revela que estos trabajadores y contratistas pusieron al departamento de Defensa, al ejército y a la seguridad nacional en su conjunto "en peligro", al poner en riesgo sistemas informáticos, instalaciones militares y autorizaciones de seguridad.
Según indica el propio Pentágono, los sospechosos también pusieron al departamento de Defensa "en riesgo de sufrir chantaje, soborno y amenazas".
El periódico The Boston Globe fue el primero en informar del caso, al recurrir a la ley de libertad de información para solicitar el acceso a los documentos del Gobierno estadounidense.
El departamento de Defensa optó a continuación por publicar documentos sobre la citada investigación en los que se omiten la mayoría de nombres y detalles.
El informe menciona que algunos de los acusados han tenido que hacer frente a la ley, mientras que en otros casos se retiraron los cargos por falta de pruebas.
Los documentos divulgados ayer no especifican cuántas personas participaron en la descarga de pornografía infantil.
La compra de pornografía infantil es un delito y el acceso a la misma en un ordenador del Gobierno supone también una violación de las leyes sobre el uso de propiedad pública.
Los detenidos por distribuir pornografía infantil no dejan de aumentar en todo el mundo. Esta misma semana, el Cuerpo Nacional de Policía arrestó en Madrid a un hombre de 30 años, que residía tanto en la capital madrileña como en A Coruña, acusado de producir vídeos caseros de pornografía infantil obtenidos tras engañar y coaccionar a menores a través de internet.
La investigación comenzó el pasado noviembre cuando una menor de Castellón de 12 años denunció que un individuo la amenazaba en la Red para que le enviara fotografías y vídeos desnuda y en actitud sexual, extremos a los que la niña accedió ante las coacciones del desconocido. La menor tramitó la denuncia, junto a su padre y se iniciaron las pesquisas.
