Dos meses después de entrar en vigor la nueva ley del aborto, empiezan a surgir en Galicia los primeros atrancos para llevarla a la práctica. Faltan médicos dispuestos a realizar estas intervenciones ya que muchos de ellos se acogen a la objeción de conciencia para no practicar este tipo de intervenciones. La solución de la Consellería de Sanidade para hacer cumplir la ley es suscribir conciertos con clínicas privadas, a las que les paga unos 360 euros por cada interrupción del embarazo, una cantidad que es un 20% menos de lo que hasta ahora cobraban estos centros por los abortos que practicaban a sus clientes.
En Galicia hasta hace pocos años solo se realizaban abortos en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHOU). Durante la etapa de gobierno del bipartito, sin embargo, Sanidade prometió que habría al menos un equipo en cada hospital para realizar estas operaciones.
Pero ya no es suficiente. Con la nueva ley del aborto cualquier mujer puede interrumpir su embarazo libremente hasta las 14 semanas y la sanidad pública debe hacerse cargo. Si antes debían pagar más de 460 euros por esta intervención en un centro privado, ahora deben ser atendidas gratuitamente y sin excusas en la red del Sergas.
