Desde julio del pasado año con la entrada en vigor de la nueva ley de aborto, el sistema sanitario público debe garantizar atención a todas las mujeres que deseen abortar y además asumirá los costes íntegros de la intervención. Sin embargo, en 2010 las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en la red pública del Sergas se desplomaron un 37%, mientras que, por el contrario, subieron las operaciones realizadas en clínicas privadas en un 15%. Solo el 6% de los 3.513 abortos practicados en la comunidad autónoma el pasado año se realizó en un centro de la red pública.

La razón es que la objeción del personal del Sergas a practicar estas intervenciones está obligando a la Consellería de Sanidade a establecer conciertos con centros privados para que realicen abortos. La Xunta sigue asumiendo el coste de la operación pero desvía a las mujeres a estas clínicas.

El problema es que la intervención en centros particulares le sale "más cara" a la Administración. "En la pública una gestación de menos de ocho semanas se soluciona facilitando a la mujer una pastilla que la hace abortar. Tiene un coste de 17 o 18 euros. Sin embargo, en la privada se la somete a una intervención y la factura que se pasa a la Administración puede rondar los 400 euros", explica el jefe de Ginecología del Complexo Hospitalario de Ourense, José Luis Doval.

De hecho, cuando entró en vigor la ley estatal Sanidade envió una carta al personal de los hospitales para saber quienes estaban dispuestos a practicar abortos -los facultativos o el personal de enfermería pueden acogerse a la objeción de conciencia para no realizar estas intervenciones-.

Aunque Sanidade no informa de cuantos médicos están dispuestos a practicar abortos, según los datos del Ministerio de Sanidade, en 2010 solo tres hospitales públicos realizaron estas intervenciones, cuando en 2009 habían sido cinco. Estos datos hacen pensar, según algunos facultativos consultados, que no solo hay razones éticas detrás de las objeciones. La entrada en vigor de la ley del aborto iba a suponer un aumento de carga de trabajo, por lo que resultaba "más cómodo" para los médicos desentenderse de estas intervenciones.