El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago ha imputado al rector de la Universidade de Santiago (USC), Juan Casares Long, por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, según informaron ayer los sindicatos CIG y UGT. Por su parte, el rector considera "incomprensible" la actitud de estos sindicatos al implicarlo en la querella y argumenta que no ha intervenido en el proceso denunciado.

Los portavoces de CIG Paulo Rubido, secretario nacional de CIG-Servicios, y Raimundo Méndez, secretario de comunicación, cultura y deporte de la Federación de Servicios de UGT, informaron de este caso ayer de forma conjunta. En la querella aceptada por el juzgado compostelano, aseguran, están también imputados el anterior gerente de la Fundación USC Deportiva, Carlos Feijóo Novoa, y la trabajadora Rocío Bulmes Fraga.

El asunto se inició con los primeros pasos para la realización de elecciones sindicales en la citada Fundación universitaria, en octubre de 2009, para su celebración en febrero de 2010. El mismo día de presentación de las candidaturas, la Universidade decidió el despido de la trabajadora Pilar Díaz, candidata de UGT, que fue sustituida en un proceso que consideran irregular, por una empleada eventual, que pasó a fija, "a dedo", y que es la tercera imputada por la demanda penal que presentó la CIG.

En un comunicado, el rector señala que no participó en estos hechos "ni a título personal ni como rector, ya que fueron con anterioridad a su nombramiento como presidente del patronato de la Fundación, el 30 de julio de 2010".

Aunque no se indica en la denuncia, la nota del rector considera que "puede deducirse" que la acusación se dirige contra él en su condición de presidente del citado patronato, "cargo que asumió después de los hechos denunciados", reitera. También señala que la querella se encuentra en fase de instrucción, "por lo que el juzgado no pudo aún oír a las partes, ni tomó una decisión sobre la misma".

Finalmente, Juan Casares anuncia que se reserva el ejercicio de acciones legales contra los querellantes, por entender que se trata de una denuncia falsa", así como las posibles acciones civiles por el daño ocasionado. Casares Long concluye que "no se puede manchar el nombre de las personas y desprestigiar a las instituciones de forma gratuita, como hacen los autores de esta demanda". La Liga Estudantil Galega y los Comités pidieron ayer la dimisión del rector.