La asociación el Defensor del Paciente ha solicitado al fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, una investigación sobre los "recortes brutales" que se producen en el ámbito sanitario que, según denuncia, "atentan contra la salud y la vida" de los ciudadanos de la Comunidad gallega.
En un comunicado de prensa, la asociación incluye en esos "recortes" el cierre de hospitales y de centros de salud, demoras en la asistencia por falta de personal médico-sanitario "de tal forma que la asistencia está siendo deficitaria", según afirma, en lo que se refiere a listas de espera ya que "el 100% de los ciudadanos con una espera prolongada llega con un agravamiento que en muchos casos es irreversible", a lo que suma "urgencias colapsadas, atentando a la intimidad" y "pacientes revueltos".
Al respecto, el Defensor del Paciente recuerda que los pacientes "no tienen como obligación soportar la mala gestión de los que gobiernan", a lo que añade la "incoherencia de los copagos" que "también atentan contra aquellos que no pueden sufrirlos".
En concreto, la asociación ha denunciado que supuestamente en el Hospital Juan Cardona de Ferrol se llevan a cabo "ciertas actuaciones" que "preocupan enormemente" porque "al parecer se están produciendo numerosas infecciones quirúrgicas, siendo especialmente graves las que afectan a los implantes de PTC y PTR".
"Hace unos días el gerente reunió a los traumatólogos por este motivo y les comentó que tuvieran mas cuidado", ha indicado la asociación, que relata que "uno de ellos, que hace dos años había denunciado en la Inspección Médica que el hospital les obligaba a reutilizar material desechable después de esterilizarlo y se negó a ello, comentó que podía ser debido a que se realizaban obras en el bloque quirúrgico sin detener la actividad, a que el ritmo de intervenciones era alto y que no había ni material suficiente ni tiempo para esterilizarlo correctamente".
"PREOCUPACION LEGITIMA"
Al respecto, el Defensor del Paciente ha indicado que el gerente le respondió que "como siempre su interés era crear alarma y que lo que tenían que hacer era ser más cuidadosos". "Entenderá esta preocupación como legítima", dice la asociación en su petición al fiscal superior de Galicia, al que piden una entrevista personal para exponerle estos hechos.
Por todo ello, reclama una investigación "y depuración de responsabilidades" por entender que "puede haber un presunto delito por poner en riesgo a una población tal delicada como son los enfermos". "La enfermedad no es un juego y esto parece ser lo que creen los mandatarios de sanidad con los recortes que están realizando", concluye.
