Visibilizar la "doble" y hasta "triple" discriminación que sufren las mujeres con discapacidad y "empoderar" a ese colectivo, a través de acciones formativas y de asesoramiento, para prevenir posibles situaciones de violencia de género. Este es el objetivo principal de Violencia tolerancia cero, una campaña pionera en España, impulsada por La Caixa y la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia (Acadar), cuyos resultados fueron presentados ayer en Santiago, durante la celebración de la III Asamblea de Acadar.
"Todas las actividades que integran este proyecto van en la línea de empoderar a las mujeres con discapacidad para que sean capaces de tomar sus propias decisiones", explica la psicóloga de Acadar Hadriana Ordóñez, quien subraya que, de lo que se trata, es de "trabajar con ellas aspectos como la autoestima y ayudarles a crear su propia identidad femenina" para que "puedan alcanzar sus metas". "También buscamos derribar prejuicios y erradicar el lenguaje de percepción negativa que todavía se utiliza para referirse a este colectivo y que, desgraciadamente, tiene un efecto multiplicador", subraya Ordóñez.
Desde el pasado mes de febrero, un total de 62 mujeres con discapacidad de Ferrol, Ourense y Mos han participado en Violencia tolerancia cero, un programa que nace con espíritu de continuidad. "Nuestra idea es seguir con las actividades que venimos desarrollando hasta ahora, como los grupos de empoderamiento, siempre y cuando sigamos contando con financiación", apunta la psicóloga de Acadar, quien reconoce que la puesta en marcha del proyecto no estuvo exenta de dificultades. "La primera barrera que tuvimos que sortear fueron los problemas que nos encontramos para que las mujeres del rural pudiesen desplazarse hasta los lugares donde se desarrollan los talleres, ya que los medios de transporte convencionales que funcionan en ese ámbito no están adaptados", lamenta, y añade: "Finalmente, conseguimos que pudiesen participar gracias a que la Secretaría Xeral de Igualdade se encargó de financiar su transporte", remarca.
Al margen de esos problemas de partida, Hadriana Ordóñez destaca los resultados "tan positivos" cosechados hasta ahora. "En apenas catorce semanas, hemos percibido cambios tremendamente buenos en las participantes en los talleres, que se muestran mucho más confiadas y seguras de sí mismas", apunta esta especialista, y añade: "También es muy positivo el hecho de que el 35% de las mujeres que han tenido que abandonar el proyecto lo han hecho para incorporarse a un puesto de trabajo, lo que demuestra el buen funcionamiento del programa de mediación laboral de Acadar", señala.
Acadar, la primera asociación de mujeres con discapacidad de Galicia, echó a andar en noviembre de 2009 para "promover, coordinar y reivindicar la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad para lograr su integración plena y su participación en todos los ámbitos de la sociedad".
Las áreas de actuación de la entidad van desde la educación, la formación o el empleo, hasta la prevención de la violencia de género, la promoción de la salud, la maternidad, la sexualidad o la vida independiente.
El 9 % de las mujeres que recibieron ayudas de la Xunta por haber sufrido violencia machista en 2011 tenían algún tipo de discapacidad, según se desprende del estudio Discapacidad y Género: aproximación a la situación de las mujeres con discapacidad, elaborado por la Consellería de Benestar y cuyas conclusiones presentó ayer la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, también durante la celebración de la III Asamblea de la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia (Acadar).
López Abella explicó que el estudio revela que las demandas prioritarias de este colectivo son la accesibilidad, la integración laboral y una mayor autonomía personal, y que la principal desigualdad que perciben estas mujeres es su discapacidad, "mientras que la desigualdad de género es percibida como secundaria".
La secretaria xeral de Igualdade señaló que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista sufren una "triple discriminación, derivada de la discapacidad, del género y del lugar de residencia, según sea zona rural o urbana, ya que puede representar una desventaja en el acceso al empleo o a recursos de formación".
El estudio de Benestar recomienda medidas específicas para la detección y atención de casos de violencia machista en zonas rurales, así como el diseño de un protocolo de prevención e intervención específico para asociaciones de personas con discapacidad, "teniendo en cuenta su papel como enlace y fuente de información y formación".
