No solo pesará la renta o pensión sino también la vivienda y el patrimonio del dependiente para que el Estado calcule lo que cada persona que no se vale por sí misma tiene que copagar por la atención que recibe. Los recortes que el Gobierno acaba de aplicar a la ley de dependencia, que queda prácticamente sin margen de maniobra en presupuesto y recursos, eleva el copago de los usuarios de servicios y cuidados; el esfuerzo que harán las administraciones será menor debido al tijeretazo general. Los dependientes pagarán hasta el 90% de su atención: a la renta se une ahora el 5% del valor catastral de su vivienda, por lo que la aportación se prevé mayor.
La modificación de la ley de dependencia anunciada en la última semana por la ministra de Sanidad, Ana Mato, ante la necesidad de cambiar el rumbo de la normativa por la falta de presupuesto y el colapso del sistema, trajo ayer "más sorpresas" con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno pega otro hachazo de fondos a la normativa, recortando 200 millones en las partidas que reciben las autonomías para atender a sus dependientes. Se trata de una rebaja de un 13% del llamado "nivel mínimo"; dinero que reciben las autonomías por cada dependiente en función de su gravedad. Este tijeretazo deja, si cabe, más tocadas a las comunidades para afrontar sus listas de espera, que en Galicia, por ejemplo, se eleva a más de 40.000 personas con el dictamen aprobado pero que todavía no perciben la ayuda (frente a más de 30.000 que están dentro del sistema).
Pese a que se reunieron esta semana en Madrid con la ministra de Sanidad, las comunidades desconocían este recorte, según advirtieron ayer varios gobiernos autonómicos. Asesta un golpe mortal a la normativa, indicaron fuentes del sector, porque esta reducción se une a la supresión de 283 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que recibían también las comunidades, partida cuya eliminación ya se conocía.
"No tiene sentido que nos siguiéramos engañando a nosotros mismos, con cifras que demostraban que el sistema no estaba funcionando. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para normalizarlo, reorganizarlo y dar unos servicios de calidad", manifestó ayer el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, quien defiende que el objetivo de la reforma de la ley es "hacer sostenible el sistema que, hoy, está colapsado porque todas las previsiones han sido sobradamente sobrepasadas".
Por ello, según sus palabras, el Gobierno intenta con esta reforma "ajustar la ley a los parámetros de las necesidades de la dependencia, siempre priorizando a los dependientes y buscando que el sistema se adecúe a las necesidades financieras".
Con la reforma se consigue un ahorro, pero se produce, según Moreno, "porque las comunidades autónomas, ya lo han manifestado en varias ocasiones, no pueden seguir pagando". Por ello, añadió, el ministerio "ha buscado aliviar la carga financiera que suponía". Al profesionalizar la atención, el Estado espera generar puestos de trabajo.
Nuevos plazos
La retroactividad ya no servirá de presión para la administración a la hora de tramitar las prestaciones a la dependencia. O, al menos, esa presión se difumina. Hasta ahora, se establecía en seis meses el plazo para iniciar el abono de la paga a los dependientes con dictamen aprobado. Superado este tiempo, había que pagar atrasos por el tiempo durante el que la persona haya estado esperando a percibir la ayuda. La reforma de la ley amplía horizontes.
Las comunidades tendrán ahora un plazo de dos años para gestionar las prestaciones y que el dependiente inicie el cobro. Y, durante este tiempo, se elimina la retroactividad, es decir, se suprimen los atrasos. Además, las autonomías tendrán ocho años para ir abonando a los beneficiarios la deuda contraída por la demora en la concesión de la ayuda más allá del tiempo permitido.
En cuanto a la organización, se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia (de seis niveles pasa a tres grados) y se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, dependientes moderados, con el objetivo de "agilizar la entrada de los grandes dependientes", según el Gobierno.
La reforma de la ley rebaja un 15% la paga a los familiares que cuidan de dependientes. En Galicia son sobre 15.000 las personas, mayoría mujeres, que dedican la mayor parte de su tiempo a cuidar a un pariente. Si en el anuncio de los cambios el Estado advirtió que los cuidadores que entren a partir de ahora no podrán cotizar a la Seguridad Social, ayer fue más allá: el decreto confirma que el Ejecutivo suspenderá el 31 de agosto las cotizaciones a la Seguridad Social que hasta ahora pagaba a los cuidadores. A partir del uno de septiembre, el familiar contará con una bonificación del 10%, por lo que tendrá que hacerse cargo del 94% del total de la cuota. Y si desea seguir cotizando en 2013, aportará el 100%.
De los 15.000 cuidadores gallegos, unos 9.000 cotizan a la Seguridad Social porque, al ser su principal actividad, en su momento se les permitió darse de alta en un régimen especial. El ajuste toca, ahora, a todos; a los que ya cuidan y a los que se decidan a cuidar a partir de ahora, siempre que sean cuidadores no profesionales. Según explicó ayer el secretario de Estado de Servicios Sociales, la "excepcionalidad" del cuidado familiar se convirtió en una "generalidad" ya que, según sus datos, el 46% de los dependientes tienen ayudas al cuidador. "Las personas con discapacidad también son dependientes y hay mayores con enfermedades muy complejas, como alzhéimer o dolencias específicas; necesitan un entorno muy profesional que les pueda, no solo cuidar, sino mejorar su dolencia y su propia situación. Además, se genera actividad económica", expresó Juan Manuel Moreno.
