Un 2,97% del total de las interrupciones voluntarias del embarazo son debidas a malformación del feto, uno de los supuestos que la reforma de la ley del aborto no contemplará, según anunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Son datos del Ministerio de Sanidad. En 2010 se realizaron 113.031 abortos, en los que 3.361 el motivo alegado fue anomalías en el feto. Y la mayor parte de los abortos por ese motivo se realizaron en mujeres con edades comprendidas entre 30 y 39 años.

Las reacciones políticas y sociales al anuncio de la medida no se han hecho esperar. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el coordinador general de IU, Cayo Lara, que calificó como "un acto de cinismo" la decisión del Gobierno de reformar la ley del aborto. Aseguró que con esta medida se intenta meter al "Estado dentro del cuerpo de las mujeres". Lara valoró la medida en el Congreso como un "retroceso" respecto a las posiciones más avanzadas dentro de la UE.

De un modo similar se posicionó el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, en Galicia, quien lamentó la modificación que se pretende introducir a la actual ley: "Yo digo a ese progre de Gallardón: aborto libre y gratuito". El líder nacionalista recriminó al ministro: "Amenaza con dar marcha atrás, esto es absolutamente intolerable; el PP está empeñado en la reducción de derecho".

La responsable de Política Institucional del PSdeG, Laura Seara, también alertó contra el "retroceso gravísimo" que supondría la eliminación de la malformación del feto entre los supuestos para poder abortar en España y avanzó que los socialistas "no se quedarán de brazos" y emprenderán movilizaciones.

Laura Seara aseguró que Gallardón pretende devolver a las mujeres a la "clandestinidad", de forma que aquellas que tengan posibilidades económicas volverán a "coger aviones a Londres" y las que no, tendrán que dirigirse a "centros clandestinos". "Es un retroceso gravísimo que lleva a las mujeres a la España de la transición", ha lamentado. Con esta decisión, según la diputada socialista, "volverán las políticas de los aviones a Londres, aquellos que puedan, y las políticas de los centros (clínicas) clandestinos, aquellos que no tengan recursos".

Mientras, el secretario general de ICV, Joan Herrera, ha tildado al ministro de Justicia, como un "ministro ultra". Aseguró que las tesis de Gallardón son "una cortina de humo que solo pretende tapar la miseria de las políticas del Gobierno con la miseria de las declaraciones" y que solo pretende contentar a un sector del partido. Añadió que le "repugna" la actitud del ministro y que esta modificación significaría un paso atrás en la libertad de la mujer y situarse antes de la democracia.

Desde la postura diametralmente opuesta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se declaró "radicalmente" en contra del aborto, al hilo de los comentarios provocados. La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, celebró el anuncio del ministro de Justicia". "Ojalá esta ley dinamite la conciencia eugenésica que se ha apoderado de nuestra sociedad y que ha llevado a que decidamos quién cumple los estándares de calidad y quién no".

La Federación Down España celebra que en la reforma de la ley del aborto la malformación del feto deje de ser un supuesto para interrumpir de forma voluntaria el embarazo, ya que, a su juicio, "posibilitará la vida de todas las personas en igualdad de condiciones". La entidad responde así al anuncio de Gallardón, que afirmó que hay que dar el mismo nivel de protección a un "concebido" sin ningún tipo de discapacidad o malformación, que al que se constate que carece de algunas capacidades.

Down España señaló que es "éticamente inconcebible" convivir con la actual legislación, que establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto. "De trasladarse las intenciones del ministro a la nueva ley, se logrará un verdadero cambio social ya que, por primera vez, se posibilitará la vida de todas las personas en igualdad de condiciones", subrayó la federación en un comunicado. Asimismo, recordó que ha reivindicado en "múltiples ocasiones" a los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, un cambio en la regulación del aborto "para que no sea discriminatorio hacia las personas con síndrome de Down".

Siguiendo esa misma tesis, la presidenta de Provida aseguró: "No es que seamos tan generosos que concedamos el derecho a estas personas, es que lo tienen y nadie es quién para considerarse más valioso que ellos", ha concluido. "Es hora de que las leyes recojan los derechos humanos, empezando por el de la vida".