La falta de liquidez de la Generalitat que ha motivado el impago de los conciertos de plazas asistenciales concertadas en geriátricos y centros de discapacitados, menores y drogodependientes del mes de juliollegó ayer a la Fiscalía y forzó la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlament.
El impago de los conciertos del mes pasado hace peligrar no solo las nóminas de miles de trabajadores sociales, sino la manutención de unos 2.000 menores acogidos en los centros que atiende la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Fedaia).
Pese a que la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales, garantizó que los trabajadores sociales mantendrán los servicios y atención a las personas, la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) presentó ayer en la Fiscalía un escrito "preventivo" por "posible desatención y riesgo vital" de los ancianos de los asilos, y han pedido al fiscal que actúe "en defensa de los residentes desamparados".
Según informó a Efe el director de Ascad, Andrés Rueda, el riesgo es especialmente grave para las personas altamente dependientes ingresadas porque "previsiblemente se producirán carencias de equipos humanos y de necesidades materiales asistenciales".
En su escrito a la Fiscalía, los directores de los geriátricos consideran que "es una situación de verdadera alarma social", y advierten de que pese a ser los responsables del cuidado de los ancianos, el impago "imposibilitará garantizar los derechos" de los residentes recogidos en las leyes vigentes.
El Govern garantizó que el pago del dinero que debe a las entidades concertadas que prestan servicios sociales tendrá lugar "antes de finales de agosto" y aseguró que el retraso no pone en riesgo el estado de bienestar.
El portavoz del Govern, Francesc Homs, admitió que el retraso en los pagos puede perjudicar el cobro de nóminas de trabajadores o la prestación de determinados servicios, pero no ofreció "datos concretos" sobre las entidades y sitios.
Homs también responsabilizó al Gobierno de Mariano Rajoy de los problemas de tesorería de la Generalitat por no pagar el dinero que le debe, tanto por el actual sistema de financiación como por la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatut.
El revuelo, malestar y polémica causado por estos impagos impulsó a los grupos parlamentarios del PSC, ICV-EUiA y ERC a forzar la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlament para que el Govern dé explicaciones, cosa que podría suceder la próxima semana.
Mientras que los sindicatos UGT y CCOO exigieron al ejecutivo catalán que si no puede pagar este mes los conciertos, abra una línea de liquidez en el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el sindicato de enfermería Satse tildó de "irresponsable" al Govern y el PSC advirtió de que el impago conduce hacia la "fractura social".
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, Àngels Guiteras, aseguró que las entidades sociales garantizarán los servicios y la atención a las personas, pese a que el Govern les trasladó el problema de tesorería al no pagarles los conciertos de julio.
En declaraciones a Efe, Guiteras afirmó que los trabajadores de las entidades "garantizarán los servicios", aunque los problemas de liquidez de la Generalitat "ponen en peligro la viabilidad de muchas entidades".
La Mesa del Tercer Sector está haciendo un seguimiento de todas las entidades conjuntamente con el departamento de Bienestar Social para evitar que ninguna entidad quiebre y deje de prestar servicios.
