La orden que prepara el Gobierno central para regular la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares mediante el cobro de una cuota anual afectaría en Galicia a unas 8.000 personas, que podrían quedarse sin cobertura médica si no disponen de recursos económicos para hacer frente a unas tarifas que, como mínimo, ascienden a 710 euros al año. Según la Consellería de Sanidade, esa es la cifra de sin papeles que hacen uso de la sanidad pública en la comunidad, o lo que es lo mismo, el equivalente al 0,3%de todos los usuarios del Servizo Galego de Saúde, organismo del que dependen 2.727.254 tarjetas sanitarias.

Aunque desde el departamento que dirige Rocío Mosquera alegan que "todavía hay que depurar las bases de datos" para ofrecer una cifra exacta del número de afectados, conceden que todo "apunta" a que el porcentaje de sin papeles que recurren a la sanidad pública en Galicia es "similar" al que baraja el Gobierno central, que lo sitúa en el 0,3% del total.

No obstante, la estimación que ofrecen varias organizaciones no gubernamentales supera con creces a la calculada por la Administración autonómica. El Foro Galego da Inmigración, Amnistía Internacional, Rede Acolle, Médicos del Mundo y SOS Sanidade Pública elevan a 20.000 el número de inmigrantes que, a su juicio, sufrirán una "discriminación" sanitaria a partir del 1 de septiembre en la comunidad gallega. La mitad estaría conformada por inmigrantes en situación irregular mientras que otro tanto lo constituirían ciudadanos comunitarios "sin recursos".

Hasta ahora, para obtener la tarjeta médica, estos extranjeros solo necesitaban empadronarse. A partir de ahora, no solo deberán llevar un año censados en algún municipio antes de solicitar el alta en el convenio especial que la orden prevé para ellos, sino que, además, tendrán que abonar unas cuotas que, en el caso de los mayores de 65 años, superan los 1.800 euros anuales. Si no lo hacen, solo estarán cubiertos en caso de urgencia, embarazo y los menores de edad. También aquellos pacientes crónicos cuyo médico considere que está en riesgo su salud si no siguen el tratamiento adecuado. En estos últimos casos, el Gobierno español se encargará de pasar la factura de los costes sanitarios al país de origen del inmigrante atendido, algo que será más sencillo si España y esa nación ya tienen acuerdos bilaterales previos.

La situación en Galicia podría no ser tan complicada como la pinta el que todavía es un borrador que se negociará, según el Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se declaraba este fin de semana "no partidario de disminuir la asistencia sanitaria" al colectivo de inmigrantes sin papeles y explicaba que en Galicia se intentaría buscar "un resquicio legal" a la norma que el Gobierno apruebe y, en función de ello, "actuar".

El Ministerio de Sanidad confirmaba el lunes que, aunque la normativa será de obligado cumplimiento, las comunidades "tienen mucho margen" para habilitar, por ejemplo, programas de salud pública que beneficien a cualquier colectivo. Además, fuentes del departamento que dirige Ana Mato aseguraron que oirán las apreciaciones de las distintas comunidades sobre los nuevos requisitos para recibir cobertura sanitaria en España.

Un informe publicado esta misma semana señalaba que los inmigrantes en situación irregular usan con menor frecuencia el sistema sanitario que la población española.