La Comisión de Justicia del Congreso aprobará el próximo miércoles el proyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales. Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertan de que este incremento provocará que cada vez más víctimas de violencia de género renuncien a seguir adelante con el proceso judicial contra su agresor. De hecho, las renuncias aumentaron un 13,4% en el segundo trimestre de este año respecto al primero, según informó ayer la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, Inmaculada Montalbán, que achacó esta subida "a la crisis y la incertidumbre económica".
"Cuando hay inseguridad respecto al empleo propio o por la situación económica general habrá mujeres que teman por la posibilidad de mantenerse a ellas y a sus hijos y no se atrevan a continuar con la denuncia contra su agresor, del que puede que dependan económicamente", señala Montalbán, según recogían ayer diferentes medios en su edición digital. Por ello, desde el Poder Judicial esperan que la nueva normativa incluya a las maltratadas entre los colectivos exentos y con derecho a la asistencia gratuita. "Aún así puede cundir el miedo entre las víctimas", indica Montalbán, quien advierte de que el número de papeles y trámites que se deben presentar para que se les incluya en este colectivo es tan elevado que algunas precisarán ayuda "solo para conseguirlo".
Pese a que Montalbán cree que la incertidumbre económica lleva a muchas mujeres maltratadas a retirar una denuncia, reconoce que no es el único motivo. "Hay muchas causas como el miedo, el chantaje o la presión familiar", indica.
