Cataluña mantendrá la tasa de un euro por receta, que implantó el pasado junio, y Madrid sigue con la intención de aplicarla desde enero, a pesar de que el Consejo de Estado haya considerado que esta medida "vulnera el orden constitucional", según un dictamen conocido ayer públicamente. El máximo órgano consultivo del Gobierno argumenta que las autonomías "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública". Además señala que esta tasa "puede provocar una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del país".

El Ministerio de Sanidad, que solicitó el informe, insistió ayer en que recurrirá en el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de esas comunidades si no llega a un acuerdo con ellas, pues cree que no son competentes. Pero el presidente de Madrid, Ignacio González, afirmó ayer que esa tasa sí entra dentro de las competencias de la comunidad, pues "no afecta" al coste de los medicamentos, sino que tiene una función disuasoria, si bien está dispuesto a "sentarse a hablar con el Gobierno para solventar discrepancias". Por su parte, el departamento de Salud de la Generalitat continúa amparándose en la interpretación del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que dictaminó la constitucionalidad de la nueva tasa, y agrega que la opinión del Consejo de Estado "no es vinculante".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Ejecutivo tratará de "hacer entender" al Gobierno catalán la "inconstitucionalidad" de ese pago y la necesidad de su modificación y recordó que existe una mesa de diálogo abierta con la Generalitat para tratar la cuestión y e intentar evitar acudir al Tribunal Constitucional. El plazo para llegar a un acuerdo en esas conversaciones termina a finales de diciembre, según Sanidad.

En el caso de Madrid, "cuando sea, si es, una norma jurídica, se procederá de la misma manera", señaló la vicepresidenta del Gobierno central.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Ana Mato, explicó que conocía el informe del Consejo de Estado desde hacía "bastante tiempo, seis meses". La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, calificó de "inadmisible" que el Gobierno conociese el dictamen desde hace meses y todavía no recurriese esta medida.