El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la decisión de la Generalitat catalana de cobrar un euro por receta y ha suspendido de forma cautelar la aplicación de la medida. La decisión paralizará en Cataluña el euro por receta -también aplicado en la Comunidad de Madrid- al menos durante los próximos meses, durante el tiempo que necesiten para tramitar sus alegaciones los gobiernos central y autonómico.
La Ley Orgánica del Constitucional impone que el alto tribunal debe decidir si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, levantarla. Por tanto, aunque la suspensión es cautelar y no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, podría extenderse hasta que el tribunal no resuelva el recurso.
En todo caso, la decisión no había sido notificada a última hora de ayer al Ejecutivo catalán, de modo que hoy seguirá cobrándose el euro por receta en las farmacias de la comunidad hasta recibir la confirmación oficial de su suspensión. Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat indicaron que, en el momento en que se reciba esta confirmación oficial, se comunicará inmediatamente a los farmacéuticos. Al mismo tiempo, se recurrirá la admisión a trámite.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que la suspensión está "dentro de la normalidad constitucional" y del funcionamiento "normal" de las instituciones. "Todos los españoles, en asuntos esenciales, tienen que ser iguales", señaló en este sentido. Una tesis compartida por la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien valora la decisión del Constitucional como una garantía de "igualdad", en este caso en las prestaciones farmacéuticas, "para todos los españoles". La titular de Sanidad no cree, sin embargo, que la decisión del tribunal conlleve la devolución a los ciudadanos catalanes del dinero ya abonado a través del euro por receta porque el recurso empieza a contar a partir de que el Constitucional suspende la medida.
El Gobierno catalán contaba con recaudar 140 millones de euros, gracias a esta medida para 2013, lo que complica la elaboración de los presupuestos de la Generalitat. Por su parte CCOO y UGT valoraron la decisión del tribunal y los socialistas madrileños esperan que también se supenda el canon en Madrid.
