No se puede reformar la universidad si no se le da oxígeno económico. Ésa fue ayer la demanda unánime de los rectores al ministro de Educación, José Ignacio Wert, con quien abordaron las propuestas elaboradas por el comité de expertos para introducir cambios en el funcionamiento y financiación de las universidades. Los responsables de las instituciones académicas defendieron que "a la vez" que se negocia esta reforma el Gobierno debe resolver los problemas financieros y la limitación de las plantillas que sufren las universidades.

"Lo que más nos preocupa y ha sido el gran debate de hoy es la situación actual en que estamos inmersas las universidades españolas: todas con problemas financieros y con una necesidad sobre todo en profesorado", declaró ayer la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, tras una asamblea extraordinaria entre los responsables de las instituciones universitarias que duró más de tres horas. A continuación, los rectores se reunieron en el consejo de universidades con el ministro de Educación, dispuesto a abrir un diálogo y crear un grupo de trabajo para abordar la reforma universitaria.

Las propuestas -formuladas por un comité de expertos dirigido por la catedrática Teresa Miras Portugal- no gustan a los rectores gallegos que denuncian que se vulnera la autonomía universitaria. La reforma introduce cambios en los órganos de gobierno de las universidades, como que el rector no será elegido como hasta ahora, sino designado por el consejo de la universidad, en el que el Gobierno autonómico podrá nombrar hasta el 25% de los representantes. También habrá cambios en la financiación, que se vinculará a resultados, como se hace en Galicia, y se introducirá la figura del mecenazgo.

Wert se mostró dispuesto a buscar el consenso. Para ello, se comprometió a analizar otras "actuaciones adicionales" a las planteadas en el informe y revisar si las iniciativas planteadas por los expertos son "las más adecuadas o existen alternativas que las mejoren".

Entre los objetivos del grupo de trabajo que se creará también estará buscar los "mecanismos normativos" necesarios para sacar adelante las medidas de la reforma. Según informan desde Educación, paralelamente a este diálogo con las universidades el Ministerio entablará negociaciones con las comunidades autónomas, los representantes del personal y los estudiantes.

En relación a las medidas del informe elaborado por los expertos, la presidenta de la CRUE explicó que alguna de las propuestas son "aceptables y comprensibles" pero otras "muy difíciles de llevar a la realidad en estos momentos", tanto jurídica como financieramente.

La prioridad, en opinión de la representante de los rectores, es solucionar la limitación que existe en la renovación de las plantillas por cuestiones presupuestarias y por la exigencia de cumplimiento del déficit cero. "Esto impide que demos la mejor prestación y, por lo tanto, pedimos de alguna manera al Gobierno que se tenga en consideración y que volvamos al menos a la situación de partida si queremos volver a asumir cualquier tipo de reforma", demandó Adelaida de la Calle. Según explicó, las universidades podrán asumir reformas siempre y cuando se solucionen estos problemas económicos que, en su opinión, están perjudicando al sistema universitario español.