El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado en diez autos judiciales que la Administración catalana deberá impartir enseñanza bilingüe -en castellano y catalán- en los centros escolares donde alguna de las familias así lo habían solicitado. A la vista de estos autos, la Conselleria de Enseñanza deberá introducir un modelo de enseñanza bilingüe, es decir, dar clases en castellano, si uno de los alumnos lo demanda.

El tribunal establece en los autos que hay "padres que puedan querer y desear que el modelo lingüístico actual (de la inmersión) no se modifique. Ahora bien, ello no es óbice a lo acordado. Es sabido que el derecho fundamental a la educación (artículo 27 de la Constitución) en su aspecto lingüístico no garantiza ningún derecho de opción a recibir la enseñanza exclusivamente en una sola de las lenguas oficiales". Además, afirma que "el modelo de conjunción lingüística o bilingüismo integral es conforme con el bloque de constitucionalidad".

Convivencia Cívica, que apoyó a los padres que presentaron las demandas, sostiene que el Gobierno catalán "debería cambiar a la mayor brevedad el sistema global de la inmersión, transformándolo en un sistema educativo bilingüe", y advierte de que, mientras no se haga así, "seguirá habiendo un goteo permanente de padres y sentencias que exijan el bilingüismo".

La consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, afirmó ayer que la Generalitat no ejecutará los nuevos autos judiciales del Tribunal Superior. Rigau señaló que "no es viable aplicar estas medidas porque, por un caso en particular, no se tienen en cuenta los derechos de los otros padres", por lo que se mantendrá el modelo de inmersión lingüística catalán. La Generalitat ya ha recurrido al Tribunal Supremo las resoluciones de estos autos.