Al menos 33 de las universidades públicas españolas han venido estableciendo durante más de una década programas de jubilación voluntaria anticipada e incentivada con cantidades entre 200.000 y 300.000 euros para el personal docente investigador (PDI) funcionario que carecían de soporte legal, programas a los que han destinado 43,6 millones de euros -casi 1,5 millones de euros en las universidades de A Coruña y Vigo- solo entre 2007 y 2009, según un informe del Tribunal de Cuentas.
Según explica, se trata "siempre de actuaciones singulares de cada universidad" que se han venido adoptando "como un efecto contagio" en "buena parte" de las universidades públicas desde principios de la última década y con especial intensidad en los años 2006, 2007 y 2008. El informe recoge que entre 2007 y 2009, casi 1.500 personas se acogieron a estos planes de jubilación anticipada e incentivada.
En estos tres años se destinaron 43,6 millones de euros a los planes de incentivos en las universidades públicas de A Coruña (959.335 euros), de Vigo, (509.934 euros), Almería (78.147 euros), Cádiz (1,1 millones de euros), Córdoba (3 millones), Granada (2,3 millones), Huelva (603.557 euros), Sevilla (6,4 millones), Zaragoza (228.046 euros), Oviedo (290.189 euros), Cantabria (572.566 euros), Burgos (12.837 euros), País Vasco (3,8 millones), Alicante (1,4 millones), Jaume I de Castellón (198.282 euros), Politècnica de Valencia (3,07 millones) y Valencia (2,2 millones).
También figuran pagos en estos tres años realizados en las universidades Autónoma de Barcelona (3,5 millones), Barcelona (5,7 millones), Girona (135.000 euros), Lleida (72.678 euros), Politécnica de Cataluña (1,1 millones), Pompeu Fabra (496.335 euros), Rovira y Virgili (652.270 euros), Extremadura (1,6 millones), Alcalá (290.008 euros), Autónoma de Madrid (1,3 millones), Carlos III (69.216 euros) y Complutense de Madrid (1,4 millones).
