Mientras la macroeconomía ofrece datos que permiten al Gobierno atisbar el fin de la recesión, las cifras de demanda de ayudas sociales continúan disparadas. La Renta de Integración Social (Risga) constituye un pulmón económico para 8.448 gallegos que durante el primer semestre del año cobraron este cheque que ronda los 400 euros mensuales.

Ese dato no solo constituye un 33,1% más que la cifra de beneficiarios registrada durante el primer semestre del año pasado -fueron un total de 6.346-, sino que casi iguala a todas las personas que la percibieron en algún momento durante todo el año pasado. De acuerdo con los datos de la Consellería de Traballo e Benestar, en 2012 fueron 8.747 los gallegos que recibieron la Risga, apenas 299 menos que el primer semestre de este ejercicio, lo que indica que 2013 podría volver a cerrarse con un nuevo récord de beneficiarios.

De momento, también las solicitudes de esta ayuda se han disparado. Respecto al primer semestre del año pasado han crecido un 23,7%, según los datos de Benestar. Y es que un repaso a las cifras de estas subvenciones permite comprobar el impacto de la crisis sobre la sociedad gallega. En 2008 cobraron en algún momento del año la Risga 5.934 personas y la Xunta recibió 2.668 solicitudes nuevas. El año pasado, estas últimas alcanzaron las 6.427 y los perceptores fueron 8.747.

La demanda social de estos cheques ha sorprendido al departamento dirigido por Beatriz Mato en los dos últimos años, pues lo ha obligado a realizar continuas ampliaciones de crédito en sus presupuestos para atender al colectivo. De hecho, este año gastará al menos 35,3 millones de euros, después de que en el primer trimestre del año Benestar elevase en 2,6 millones los 32,7 que había presupuestado en las cuentas autonómicas para este ejercicio. Preveía un incremento de la demanda y subió un 50% el presupuesto, que el año pasado había sido de 23,7 millones y se quedó corto. Ya en 2012, esa cifra se quedó pequeña y durante todo el ejercicio Benestar tuvo que realizar cuatro ampliaciones presupuestarias para acabar pagando a final de año 28 millones, un 40% más que tres años antes, cuando la crisis se encontraba en su fase inicial y el paro no se había disparado tanto.