Dentro de este nuevo sistema de copago, la Xunta establece bonificaciones para los colectivos más vulnerables. Así, los mayores que tengan a su cargo otras personas y no tengan ingresos periódicos, además de las personas con algún tipo de discapacidad, tendrán descuentos en la cuota que deberán aportar por los servicios que reciban.

Por ejemplo, un mayor dependiente que se beneficie de una ayuda a domicilio puede ser el sustentador de su mujer y no disponer de una renta mensual fija para afrontar los gastos. En estos casos, la Consellería de Traballo le restará como mínimo 360 euros al mes cuando calcule su capacidad económica. Es decir, si la Xunta cifra en 500 euros mensuales los ingresos del usuario tras analizar rentas y patrimonio, solo le aplicará un copago como si tuviese 140 euros.

Por otro lado, a las personas con discapacidad se les descontarán 1.440 euros del cómputo que realice el Ejecutivo autonómico para calcular su capacidad económica mensual.

Otra de las novedades del nuevo decreto es que se rompe la barrera de la edad que impedía a los menores de 65 años acceder a una residencia. Ahora podrán beneficiarse de este servicio incluso los que tengan menos de 60.

Mientras comunidades de todos los colores políticos han expresado ya su rechazo al copago establecido por el Ministerio de Sanidad a los fármacos de dispensación hospitalaria, en Galicia la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, asegura que "no incumplirá" la ley estatal. En todo caso, la Xunta deja abierta la puerta a buscar una fórmula que evite que personas sin ingresos no puedan adquirir los medicamentos. "Garantizamos que ningún gallego dejará de tener su medicación por motivos económicos", aseguran desde la Consellería.

El Ministerio extenderá el copago a un grupo de unos 42 fármacos, generalmente caros, destinados a tratar pacientes crónicos o con enfermedades graves -cáncer, artritis, hepatitis, esclerosis múltiple...- que habían quedado exentos hasta ahora.

Comunidades como Valencia, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Euskadi y Asturias ya mostraron su rechazo y avanzaron que no lo aplicarán.