La supresión de los niveles en los que se subdividía cada grado de dependencia supone, en la práctica, una reducción de las cuantías máximas de las ayudas tanto para costear servicios como para pagar cuidadores o asistentes personales.
Según la nueva orden que ayer entró en vigor, un dependiente severo que reciba una prestación para costearse, por ejemplo, una residencia podrá optar a un máximo de 715 euros al mes. La cantidad definitiva se fijará en función de su renta. Sin embargo, hasta julio de 2012 la libranza por servicio establecida por el Gobierno era un 15% superior puesto que el tope se había fijado en 833 euros.
También se reduce, aunque en menor medida -un 7,7%-, la prestación para pagar servicios de los dependientes de grado II. Podrán optar como máximo a 426 euros mensuales, frente a los 462 que recogía la normativa anterior. Se mantiene, sin embargo, en 300 euros la paga para los casos más leves.
También sufren recortes las pagas a los cuidadores, según los nuevos criterios fijados por el Gobierno central. Si la prestación que tenían establecida estos cuidadores no profesionales en un principio era de 520 euros mensuales como máximo para cuidar a un dependiente severo, esta cuantía se rebaja ahora a 387 euros.
En los casos menos graves, de grado II, la disminución en la paga será del 20% -podrán recibir hasta un máximo de 268 euros-. Y a los que tengan una dependencia leve les bajará de 180 euros a 153, según los nuevos criterios establecidos a nivel estatal.
