El reparto de los fondos contra la pobreza infantil se ha encontrado con el rechazo de varias comunidades autónomas, entre ellas Galicia. A la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, no le han convencido los criterios para distribuir los 17 millones de euros que el Ministerio de Sanidad puso a disposición de las autonomías y, aunque acepta los 725.000 euros correspondientes a este año, advierte que en el futuro debe tenerse en cuenta "la población" de cada región y no solo su tasa de pobreza.

Galicia ha sido la única comunidad del PP que ha puesto pegas al reparto del fondo contra la pobreza infantil. Andalucía (PSOE) y Cataluña (CiU) coincidieron con la Xunta en que debe tenerse en cuenta la población a la hora de repartir el dinero. Mientras que Asturias (PSOE) y Canarias (CC) tacharon de "insuficiente" la partida que puso a disposición el ministerio.

Estas cinco comunidades autónomas escenificaron su oposición al fondo contra la pobreza infantil durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia que se celebró ayer en Madrid y que se prolongó durante más de cinco horas. Aunque eran varios los puntos en el orden del día la discusión surgió en torno al reparto de los 17 millones de euros.

El criterio utilizado por el Ministerio de Sanidad para distribuir este fondo fue la tasa de pobreza de cada comunidad. Galicia es la sexta comunidad del Estado con menor porcentaje de familias en situación de exclusión social o penuria económica y, en base a este dato, le corresponden 725.000 euros.

"Hicimos petición expresa y es que en los próximos repartos se tenga en cuenta y pivote no solo sobre la tasa de pobreza sino también sobre la población", defendió Beatriz Mato tras la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales. Por ejemplo, Ceuta ha recibido un importante volumen de recursos porque tiene una tasa alta de pobreza, pero, en términos absolutos

La ministra de Sanidad, Ana Mato, alegó, sin embargo, que el reparto del fondo contra la pobreza infantil se decidió "por consenso" de todos los gobiernos autonómicos, si bien se mostró dispuesta a revisar los criterios para futuras convocatorias. Según explicó, este año se mantendrá la actual distribución por una cuestión de plazos: es una partida de emergencia que debe ejecutarse este año así que el reparto no puede dilatarse más.

Ana Mato argumentó que el criterio para repartir el fondo fue acordado en dos reuniones celebradas en los últimos meses entre los directores generales de las distintas comunidades, ante la disparidad de intereses, pues unas autonomías pedían que se repartiese atendiendo a la población, otras a la dispersión y otras a la renta. "Y lo que se decidió en esas reuniones es que este año se haría de acuerdo al índice de pobreza y exclusión social Arope, que es el que se usa en Europa", aclaró.

A pesar de las discrepancias sobre los criterios de reparto, la conselleira de Traballo e Benestar agradeció al Ministerio su "esfuerzo y compromiso" por poner a disposición de las autonomías un fondo específico para la prevención y la atención a la pobreza.