El PSOE presentó ayer una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para facilitar el derecho a la eutanasia a las personas con enfermedad o discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que quieran voluntariamente, y con informes médicos, acabar con su vida. De este modo lo anunciaron ayer la secretaria de Sanidad del PSOE, María Luisa Carcedo, y el secretario de Justicia y Nuevos Derechos, Andrés Perelló, quienes recordaron que esta medida forma parte de su programa electoral y explicaron que la intención es regular la eutanasia como un nuevo derecho constitucional.

"Queremos que una persona con una enfermedad incurable, con un pronóstico de no regeneración, con un sufrimiento insoportable desde el punto de vista médico y de su propia vida pueda ser capaz de elegir entre el derecho a la vida, a la muerte o a evitar el sufrimiento", detalló Perelló. En este punto, el dirigente socialista aludió a diferentes encuestas que señalan que ocho de cada diez ciudadanos quieren tener una muerte digna, por lo que destaca la necesidad de que los partidos políticos logren un consenso en este asunto para, así, responder al "elevadísimo consenso social" que existe.

"Si un tema tan importante que afecta a los valores y principios constitucionales tiene un elevadísimo consenso social, los políticos tenemos la obligación de llegar a un consenso político con una respuesta mayoritariamente profesional. Tiene que primar el derecho del paciente a disponer en un momento crucial de su vida, cuando no le podemos dar más soluciones que el sufrimiento, de los avances técnicos y de los profesionales a su servicio", apostilló el dirigente socialista.

En concreto, según la propuesta de los socialistas, que abogan por incluirla como una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), sería el propio paciente, según sus "valores vitales", con una discapacidad "grave", un sufrimiento físico y psíquico "intolerable, insoportable e irreversible", una "altísima" dependencia a otras personas y con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario, quien deberá pedir la eutanasia. Una vez solicitada, y tras ser informado y formado debidamente por un profesional médico, deberá contar con una segunda opinión y, posteriormente, pasar por las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades, quienes tendrían la última palabra como consecuencia de la transferencia de competencias en materia de sanidad.

Este proceso no podría tardar más de 32 días desde la petición hasta la resolución final. Además, tal y como asegura el PSOE, los médicos pueden apelar a la objeción de conciencia para no practicarla. La diferencia con la muerte digna es que ésta es inminente o su muerte está cercana, mientras que la eutanasia es cuando un paciente "con un sufrimiento insoportable" decide quitarse la vida aunque la muerte no sea inminente.