Juana Rivas declaró ayer ante el Juzgado de lo Penal 1 de Granada que se fue en mayo de 2016 con sus dos hijos de la isla de Carloforte (Italia) porque "no quería vivir más" bajo "las torturas" de su expareja y que, ya en España, no le entregó a los niños, pese a conocer las resoluciones judiciales que le obligaban a ello, porque estaban "escapando del maltrato" y quería protegerlos.

La Fiscalía pidió finalmente para ella cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores en concurso con otro de desobediencia de orden judicial, después de que permaneciera un mes en paradero desconocido con sus hijos sin entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri. También pide que sea inhabilitada durante seis años para ejercer el derecho de patria potestad sobre los niños, de doce y cuatro años.

"Soy madre, cómo los iba a entregar", apuntó Rivas, a decir a preguntas de la fiscal. La mujer reconoció que, aunque sabía que desde la Justicia se estaba requiriendo la restitución de los menores a Italia -donde estaban escolarizados y tenían fijada su residencia- creía "imposible" que finalmente fuera obligada a entregarlos porque "nos maltrataba", dijo. Rivas relató que llegó "aterrada" de Italia y, a preguntas de su letrado, escribió una situación en la que "siempre fue actuando dentro de lo que le iban diciendo" sus distintos asesores y abogados, que si bien le advirtieron de que "podría tener represalias y dificultades" legales no le hablaron de que podía enfrentarse a "años de cárcel y retirada de la patria potestad". Rivas garantizó así que le explicaron que no tenía que entregar a los niños mientras hubiera recursos y que luego, cuando se acudió al Tribunal Constitucional, le plantearon que no era "producente" hacerlo hasta que existiera una resolución. Alegó que "siempre ha creído estar actuando dentro de la ley" y fue al transmitirle una de sus abogadas que no había "más armas legales" para "luchar" cuando decidió entregarlos al padre al día siguiente.

La madre de Maracena (Granada), que se declaró inocente al inicio de la vista, hizo uso del derecho a la última palabra para trasladar lo "injusto" que a su juicio es esta situación: "He vivido violencia de género, sólo quería proteger a mis hijos y le ruego que me los devuelva", pidió al juez. En posteriores declaraciones a los medios, confió en una sentencia absolutoria.