El Vaticano, a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ha ordenado la suspensión durante diez años de su ministerio al sacerdote José Manuel Ramos Gordón de la diócesis de Astorga, acusado de abusos sexuales cometidos hace 35 años en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora).

Durante la década de suspensión, el religioso deberá residir en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga y después podrá vivir en la casa sacerdotal y celebrar la eucaristía con autorización expresa, según explicó ayer el obispo de Astorga (León), Juan Antonio Menéndez.

El prelado recordó que los abusos, que la Congregación de la Doctrina de la Fe considera probados, fueron cometidos entre 1981 y 1984 y se desvelaron después de que un exalumno denunciase en febrero del pasado año que había sido víctima de abusos cometidos por este sacerdote. El obispo insistió en que, aunque sean delitos que han prescrito civil y canónicamente, ordenó personalmente una investigación "exhaustiva" y dio cuenta de ello a la Santa Sede.

La investigación previa concluyó en junio del pasado año, y sus conclusiones y actas fueron enviadas entonces a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el organismo competente para juzgar estos casos. Este organismo encomendó al obispo abrir un proceso administrativo penal y, una vez finalizado, declara probados los hechos denunciados y, por tanto, la comisión de "un delito grave de abusos sexuales a menores". "Se la ha impuesto una pena muy dura", señaló el obispo, que incide en que lo elevado de la suspensión se debe a la "reincidencia".

Este sacerdote, que según el obispo "no aclaró lo suficientemente si había cometido el delito o no", también está acusado de cometer abusos sexuales en el Seminario Menor de La Bañeza (León) en el curso 1988-1989, que sí reconoció, pero por el momento la Congregación no ha dado la resolución de ese caso.

El obispo insistió en que la investigación se ha centrado en la denuncia presentada y no se ha entrado en consideraciones sobre si pudiera haber más víctimas. Menéndez manifestó además que ha informado de la resolución al sacerdote y a la víctima, a quien también le expresó su dolor por lo sucedido y le pidió perdón en nombre de toda la comunidad diocesana. "Me he puesto a su disposición para acompañarle espiritual y humanamente en aquello que legítimamente pueda hacer", agregó el prelado.

Además, Menéndez reiteró su firme condena y repulsa de hechos "execrables y vergonzosos" y reafirmó su decisión de luchar contra estos delitos por todos los medios legítimos.