Estudiantes de 26 universidades públicas españolas han presentado hoy la plataforma que organizará, desde este jueves hasta enero, referendos sobre la monarquía con la aspiración de impulsar un "proceso constituyente" en el que puedan "decidir todo".
Una decena de estudiantes, acompañados por sindicalistas y por miembros de los colectivos que organizan la consulta en barrios y pueblos de Madrid, han informado que con esta cadena de consultas buscan dar un "mensaje alto y claro" sobre el deseo de decidir sobre la jefatura del Estado y "una monarquía impuesta".
El primer referéndum tendrá lugar este jueves en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y, posteriormente, se convocarán en otros centros académicos públicos, como la Carlos III, la Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid; la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra; la de Alicante, la de La Laguna (Tenerife), A Coruña y Zaragoza, entre otras.
En el comunicado consensuado, leído al iniciar el acto que ha tenido lugar en el Teatro del Barrio de Lavapiés, han cuestionado la "institución anacrónica y antidemocrática" que para ellos supone la monarquía y han expresado su solidaridad con la "represión al pueblo catalán que el rey celebró".
"No queremos una monarquía impuesta y un régimen con candado que ni nosotros, ni nuestros padres votaron", han afirmado, a la vez que han recalcado que la plataforma ya está integrada por más de la mitad de las universidades públicas españolas (26 de 50).
Lucía Nistal, representante de los estudiantes de la UAM, ha dicho que "es muy posible que se sumen más" universidades y que se extienda el período de votación.
Ha admitido que la consulta no cuenta con medidas de seguridad y que no hay forma de evitar que una persona vote más de una vez.
"Evidentemente, lo central es que vote todo el mundo y que opinemos sobre lo que jamás nos han preguntado. Y las exigencias de control y seguridad se las transmitimos a las instituciones, para cuando lo hagan", ha ironizado.
En declaraciones a EFE, Nistal ha explicado que se han negado a desarrollar alguna aplicación o software porque por la ley de protección de datos pueden llegar a ser multados en cuatro millones de euros y, al pedir el DNI, que actúe un fiscal y sufrir un proceso judicial.
Además, ha añadido que la convocatoria es "fundamentalmente para estudiantes, trabajadores de la universidad y profesores", pero que "los ciudadanos que quieran votar y no tengan posibilidad de hacerlo en su barrio, son bienvenidos".
