El Gobierno y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) acordaron ayer que la cotización de las prácticas externas universitarias no sea obligatoria antes del próximo curso académico 2019-2020. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha coordinado e impulsado una reunión celebrada ayer con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la CRUE sobre la aplicación de la disposición adicional quinta del real decreto ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
El Ministerio explica que en esta reunión "se han expuesto los argumentos del Gobierno y de las universidades, y CRUE ha compartido con el Gobierno el espíritu de la norma y los aspectos de la citada disposición que deben ser objeto de regulación", y que tiene un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario.
Ciencia expuso la intención del Gobierno de "construir los mejores acuerdos sobre esta cuestión con el objetivo único de favorecer la actividad académica de universidades y estudiantes", asegura. "Es decir, que las primeras no soporten gastos añadidos y los segundos ganen en derechos de protección social", indican. En la reunión también se emplazó al diálogo con otros sectores de la comunidad educativa, así como a estudiar, en una próxima reunión dentro de dos semanas, un informe de CRUE sobre prácticas académicas en las distintas titulaciones.
Por su parte, la CRUE agradece "la decisión del Gobierno de abrir un diálogo para el desarrollo de la nueva normativa" y valoró "muy positivamente su predisposición a que las universidades no soporten gastos añadidos por su aplicación".
La conferencia de rectores dice comprender "que la intención del Gobierno de reconocer el valor de las prácticas académicas externas de los estudiantes es muy positiva" y "celebra el acuerdo alcanzado en la reunión para que la entrada en vigor de esta disposición no se produzca antes del comienzo del curso académico 2019-2020". Hace dos semanas, la CRUE calificó de "sorpresiva" y "precipitada" la decisión del Gobierno de obligar a que las prácticas académicas externas coticen en la Seguridad Social, y advertía de que podía suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades", así como una "disminución del número de prácticas".
