La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) pidió ayer al Gobierno de Pedro Sánchez que la cotización obligatoria de las prácticas académicas, medida aprobada a finales del año pasado, no entre en vigor hasta después del 1 de enero de 2020. Así se lo trasladaron los representantes de la CRUE a la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, y al secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Los rectores señalaron que la Secretaría de Estado de Seguridad Social se ha comprometido a trasladar "un primer borrador de desarrollo reglamentario sobre el que se seguirá trabajando en una próxima reunión prevista para finales de febrero", y manifestó "su disposición a asumir las tareas de gestión necesarias para la aplicación de esta medida". Por su parte, los rectores han pedido que el Gobierno mantenga "conversaciones con todas las partes o implicadas, estudiantes, sindicatos, empresarios, consejos sociales y administraciones autonómicas, a fin de informarles e implicarles también en el posterior desarrollo reglamentario".
Miembros del Gobierno se reunirán con representantes de las autonomías y estudiantes para abordar este tema.
