Dos altos cargos de la Xunta, Xesús Oitavén y Antonio Fernández-Campa, enmarcaron en el plan de ajuste y viabilidad diseñado para la Fundación Camilo José Cela el despido en 2010 del exdirector gerente de la entidad, Tomás Cavanna, que está siendo juzgado como un posible caso de malversación de fondos públicos. Además desvincularon a la Administración gallega de la decisión de pagarle 150.000 euros a Cavanna, como indemnización a su despido, algo que, según aseguraron, correspondía fijar a la entidad, dado que "formalmente, quien pagaba era la Fundación".
De este modo lo explicaron en la segunda sesión del juicio por malversación de fondos que se sigue en la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, contra el propio Tomás Cavanna, el exconselleiro Dositeo Rodríguez, patrono de la entidad, su hija Covadonga Rodríguez, que asumió el cargo de subdirectora, y la presidenta y viuda del escritor, Marina Castaño.
Cavanna fue cesado al frente de la Fundación y percibió por esta medida una indemnización de 150.000 euros, aunque la Fiscalía entiende que el despido no fue tal y que se trató de una simulación para lucrarse de forma indebida tanto él como los otros tres acusados. Por este caso, el Ministerio Público pide para cada uno de ellos penas de prisión de cuatro años y medio, así como una inhabilitación de ocho años.
Tras las declaraciones de los acusados en la jornada del lunes, en la que todos ellos insistieron en que obraron correctamente y no se cometió delito alguno al proceder al despido, la vista oral continuó ayer con la declaración de los testigos de las defensas, que renunciaron a varios de los citados, lo que, sumado a las ausencias contabilizadas en la sesión de ayer, previsiblemente adelantará a hoy la conclusión del juicio prevista para el viernes.
Así pues, las intervenciones más relevantes de esta jornada fueron las de Oitavén y Fernández-Campa, que coincidieron en señalar el despido de Cavanna como parte de los ajustes previstos para poder pasar a propiedad pública la Fundación, que en aquel entonces atravesaba dificultades económicas que complicaban su viabilidad. En ese sentido, Fernández-Campa, ahora gerente del Sergas y por aquel entonces secretario general de Cultura, precisó que los ingresos del exdirector gerente no estaban "acompasados" con la situación económica de la entidad, que presentaba una relación de gastos "difíciles de poder mantener".
No obstante, indicó que, aunque el despido fuese incluido en el plan de ajuste elaborado por el Gobierno gallego, la Xunta "no podía autorizar o desautorizar" la cifra fijada para indemnizar a Cavanna, puesto que es una cuestión relegada al ámbito privado de la fundación.
Por su parte, Oitavén, que ostentó responsabilidades como secretario general técnico de la consellería de Cultura, también terció que la Xunta no tenía por qué poner impedimentos al procedimiento de pago seguido por la entidad e incidió en la importancia de ajustar las cuentas de una organización que encadenaba "cinco años acumulando pérdidas" y viendo caer sus ingresos de carácter privado. Así pues, justificó el abono de los fondos públicos con los que terminó pagándose el despido como un intento de "dar cobertura" a la Fundación Camilo José Cela para afrontar los pagos previstos en el plan de ajuste para su entrega a patrimonio público.
