Las quejas sobre sanidad ante el Defensor del Pueblo se dispararon durante el pasado año. Este organismo pasó de recibir 554 quejas de ciudadanos relacionadas con este sector en 2017 a 849 en 2018, lo que supone un 53% más en doce meses, según consta en el Informe Anual 2018, entregado ayer por el dirigente en funciones de la institución, Francisco Fernández Marugán, a los presidentes del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz. Pese al incremento, las casi 850 quejas en materia sanitaria están lejos de las más de 1.800 y 1.700 que se registraron en los años 2013 y 2012.

Durante la presentación del informe anual, Fernández Marugán explicó que en materia sanitaria destacaron las quejas sobre la "merma" de la atención por las "carencias humanas y materiales". En este sentido señaló que en la mayoría de autonomías se cumplen los ratios de personal por paciente, pero que estos "están anticuados" y habría que actualizarlos.

También resaltó que hubo denuncias por el copago farmacéutico de ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica o discapacidad. El Defensor insiste en la necesidad de cambiar el actual modelo de copago, para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan, y, para ellos, propone revisar los tramos de renta establecidos e incorporar como colectivos exentos del pago a personas con discapacidad y personas en el umbral de riesgo de pobreza.

Asimismo, propone incluir el beneficio de exención en el copago, cuando no esté prevista por otra causa, o la aplicación de un porcentaje mínimo, al grupo de pacientes con enfermedades crónicas severas, con especial referencia a los menores de edad, incluidas las enfermedades raras o poco frecuentes, las enfermedades degenerativas y las patologías oncológicas.

Sobre las quejas sobre las listas de espera, indicó que "nada puede justificar excesivas demoras", no obstante admite que las comunidades "hacen considerables esfuerzos en la planificación y optimización de sus recursos", y a que se han ido incorporando garantías de plazos máximos para determinados procedimientos e intervenciones en la normativa estatal y autonómica.

Del mismo modo, el informe da cuenta de la investigación abierta con todas las comunidades sobre la atención en los centros residenciales para personas mayores y destaca la "insuficiencia" de plazas públicas y concertadas. Para ello, pide más esfuerzo presupuestario, mejorar la calidad asistencial y actualizar y armonizar la normativa, entre otros aspectos. El Defensor se refirió, también, a las personas mayores para denunciar que se trata el envejecimiento de la población como "una catástrofe", una visión que, a su juicio, hay que cambiar actuando "de forma sistemática, pero sin tardanza".

En Educación, la entidad apela a un pacto educativo que de estabilidad al sistema mientras que en materia de violencia de género reclama la suspensión del régimen de visitas cuando se dicta una orden de alejamiento contra el padre. "Un maltratador nunca puede ser un buen padre", señala Marugán. El Defensor recibió casi 17.000 quejas en España, de las que 779 procedieron de la comunidad gallega.