"Preparar el próximo curso en las mejores condiciones de seguridad". Por esa razón se reunían ayer la ministra de Educación, Isabel Celaá, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Lo explicó la ministra en su perfil de la red social Twitter. "Nuestro objetivo es que los alumnos puedan volver de manera presencial a las aulas", escribió. Con todo, desde su departamento se limitaron a señalar que trabajan para "garantizar la vuelta a las clases y la seguridad de estudiantes y profesores" y no ofrecieron más detalles de lo tratado en el encuentro mantenido.

Ya hay comunidades que van presentando sus planes para recuperar la presencialidad el próximo curso como Baleares, o los avanzan, como Madrid. En el caso de Galicia, fuentes de la Consellería del ramo señalaban ayer que el Ministerio de Educación ha creado un grupo de trabajo, en el que participa la comunidad, para preparar el curso que viene y abordar cuestiones como la organización escolar, la programación didáctica y la dotación tecnológica adaptadas a la situación derivada de la pandemia. No dan más información, pero añaden que aguardan que "el Ministerio de Educación fije un protocolo común para todo el sistema educativo español".

Lo que sí ha trascendido es un borrador de orientaciones del Ministerio que incluiría, reconociendo que el curso se presenta "imprevisible", una previsión de acceso para todo el alumnado a dispositivos tecnológicos o un plan B, una programación alternativa a distancia "para utilizar" cuando resulte "necesario".

Por otra parte, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Partido Popular contra la orden del Ministerio de Educación que regula el fin del curso escolar y el inicio del siguiente año académico, en el marco de la crisis de la pandemia del coronavirus.

De este modo lo anunciaba ayer la vicesecretaria general de Política Social de la formación liderada por Pablo Casado, Cuca Gamarra. Previamente, el pasado día 20 de mayo el alto tribunal había rechazado suspender la orden en una medida cautelarísima solicitada en su momento por el Partido Popular, "por razones de especial urgencia", al entender que no concurre ese requisito.