Andalucía registró el domingo dos sucesos sin conexión entre sí en los que dos menores de edad mataron a sus madres, uno en Córdoba, donde murió apuñalada, y otro en Lepe (Huelva), donde falleció estrangulada, informaron fuentes a Efe fuentes policiales.
En Córdoba un menor de 17 años apuñaló presuntamente a su madre, de 48 años, en su domicilio con un arma blanca y ha sido detenido por la policía, que está investigando si tenía antecedentes por violencia. Una llamada al 112 alertó a las 19.50 horas del domingo de una discusión familiar en un piso, a donde se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y de los servicios sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias de la Junta de Andalucía pero no pudieran hacer nada por la vida de la mujer, que era guardia civil en situación de retiro.
En la provincia de Huelva otro menor de 17 años, con problemas de salud mental, estranguló presuntamente a su madre, de 51 años y vecina de Sevilla, en el núcleo costero de La Antilla, en Lepe, y también fue detenido.
A las 17.30 horas el 112 recibió una llamada que alertaba de un posible intento de suicidio de un joven en esta vivienda. El presunto agresor tras estrangular a su madre telefoneó a la psicóloga que le atendía, quien alertó al padre del menor, que avisó al 112.
Al cierre de esta edición, el juez de Menores de Huelva acababa de ordenar el internamiento cerrado de este último joven. Tras haber explorado al menor detenido e interrogado a diversos testigos, las diligencias practicadas arrojaron indicios suficientes de la existencia de un delito de homicidio y de la autoría del hijo de la fallecida. En consecuencia, la Fiscalía solicitó a la juez de menores la medida cautelar de internamiento cerrado, la más grave de las previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de las personas menores de edad.
El juez estimó la petición y acordó dicha medida, cuya duración máxima es de seis meses prorrogables por otros tres y su finalidad es la de evitar la comisión de otros delitos graves hasta que se celebre el juicio y eventualmente se dicte sentencia. Así, en el hipotético caso de que la investigación de la Fiscalía desemboque en una acusación y se dicte sentencia condenatoria, el menor expedientado podría enfrentarse a un internamiento cerrado de hasta ocho años de duración y a una libertad vigilada posterior al internamiento de otros cinco años de duración.
