El Gobierno quiere dar una autonomía hasta ahora inexistente a los centros educativos para fijar un 10% del currículo, lo que les permitiría decidir una parte de los contenidos a explicar al alumnado. Lo han pactado PSOE y Unidas Podemos en las alegaciones planteadas a la reforma educativa, conocida como ley Celaá, con la que pretenden tumbar parte del contenido de la normativa del PP ( ley Wert)

El cambio legislativo debe aprobarse en las Cortes y en ellas han unido fuerzas los dos grupos que sostienen el Gobierno de coalición, en sintonía con la ministra de Educación, Isabel Celaá, para plantear puntos clave, como el de conceder un cierto grado de autonomía a los centros.

La ley Wert elevó el margen competencial del Gobierno central a la hora de establecer los contenidos curriculares respecto a la LOE, que establecía un 55% frente al 45% de las comunidades con lengua cooficial y un 65% en el resto. Ahora se pretende volver a unos porcentajes similares, aunque deberá hacerse hueco para el 10% cedido a cada centro.

Los principales puntos de las enmiendas de PSOE y UP, planteadas de forma conjunta, fueron avanzadas ayer en el Congreso. La portavoz socialista de Educación, Luz Martínez Seijo, defendió los cambios sobre una ley "con una gran calidad participativa", pero que pretenden "actualizar". Eso sí, ambos grupos deberán sumar apoyos si quieren que salgan adelante, pues se encuentran lejos de la mayoría suficiente.

El proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) pretende "mejorar el éxito" de los alumnos y "bajar la tasa de abandono y fracaso" escolares, según la diputada socialista. "Queremos responder a los modelos europeos, que avanzan en la autonomía curricular y que demuestran que a mayor grado de autonomía y de proyectos de los centros hay mayores tasas de éxito y menos fracaso escolar", expuso Martínez.

Uno de los cambios afecta a los cursos que podrán repetirse durante la etapa de escolarización obligatoria. Actualmente, puede repetirse cuatro veces: dos en Secundaria y dos en Bachillerato. Las enmiendas de PSOE y UP establecen la mitad: que solo se pueda volver a estudiar un curso en cada uno de los dos ciclos, pues consideran esta una situación "especial" que debe limitarse en lo posible. El portavoz de UP en Educación, Javier Sánchez Serna, avanzó también que se pretende frenar "los procesos privatizadores" de la enseñanza y vetar la segregación del alumnado por razón de sexo. En este punto, una enmienda recoge específicamente que "ningún centro público o sostenido con fondos públicos puede segregar por motivo de sexo y género". La Xunta mantiene la financiación de 5 centros concertados que se verían afectados.

Del mismo modo, incluyen enmiendas para que la Alta Inspección Educativa tenga una nueva función de asesoría de los centros y que puedan informar a los responsables de los mismos lo que pasa "de puertas para adentro". Pese a ello, no se ha aborda do la opción de que pueda tener capacidad sancionadora.

Tampoco hay enmiendas sobre una bajada de las ratio de alumnos por aula. La ley recoge el máximo de menores que puede haber por cada clase, pero las comunidades podrán reducir esa cifra.