Las críticas del juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Luis Ángel Garrido a los epidemiólogos y a las medidas antiCOVID han despertado un aluvión de reproches entre los médicos de distintas especialidades, pero también malestar entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un día antes de que la Sala que preside ordenara como medida cautelar la reapertura de la hostelería en todos los municipios vascos donde estaba cerrada por la elevada incidencia del coronavirus, el juez participó en un tertulia en la que criticó abiertamente a los epidemiólogos —a los que calificó como “médicos de cabecera que han hecho un cursillo”— y las medidas antiCOVID.

A la espera de que el Gobierno Vasco estudie un posible recurso a la decisión de la Sala e incluso su recusación cuando toque resolver el fondo del asunto, Garrido ha enfadado a parte de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. “Inoportunas”, “muy desafortunadas” y “completamente fuera de lugar”, son algunos de los calificativos utilizados por esos vocales, alguno de los cuales apunta que “como juez ha diluido toda imagen personal de imparcialidad” con un “ejercicio de activismo que no es bueno para los jueces”, quienes deben ser “especialmente cuidadosos” con lo que dicen.

Por eso, las fuentes consultadas abogan por la apertura de unas diligencias informativas para que el juez dé sus explicaciones respecto a lo sucedido o, incluso, de un expediente disciplinario, si bien el CGPJ no suele actuar de oficio sino cuando recibe una queja.

Lo que está claro es que el magistrado ha ignorado las recomendaciones que figuran en un reciente dictamen de la Comisión de Ética Judicial que señalan que las intervenciones de los magistrados en entrevistas, coloquios, participaciones públicas y redes sociales deben ajustarse a la “neutralidad política” sin expresiones “irrespetuosas, vejatorias o dañinas”.

Entre los sanitarios las palabras de Garrido han provocado múltiples críticas e incluso la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha pedido que se abra un expediente disciplinario por “una falta grave” por su “menosprecio” a los epidemiológicos. La Sociedad Española de Epidemiología, por su parte, ha reclamado una rectificación al juez, quien asegura no ser “negacionista” y enmarca lo ocurrido en “gajes del oficio”. Los epidemiólogos, por contra, subrayan su “desconocimiento” y “falta de respeto” hacia una profesión que “requiere toda una vida de formación” y hacia unos profesionales que “trabajan sin descanso para salir cuando antes de esta terrible pandemia”.

En el ámbito político, fuentes del Ejecutivo autonómico explican que se analiza la recusación de este magistrado y también la interposición de un recurso sobre el auto que cautelarmente ha dado la razón a los hosteleros. No obstante, precisan que todavía “no es el momento” de plantear una posible recusación, ya que se desconoce cuándo, en qué condiciones y con qué tribunal tendrá lugar el juicio sobre el fondo de la cuestión, por lo que podría esperar a ese momento para hacerlo.

La imparcialidad y la falta de “objetividad y profesionalidad” para juzgar las restricciones impuestas por el Ejecutivo vasco fueron puestas en cuestión por el parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate, que califica como “una suerte de chascarrillos y frivolidades de nula calidad científica y dudoso nivel jurídico” las palabras del magistrado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer que respetaba la decisión del tribunal vasco aunque indicó que él tomaría la misma decisión de cerrar la hostelería y criticó el “problema de seguridad jurídica” que tienen las autonomías para aplicar restricciones.